La revolución bolivariana está en uno de sus puntos más bajos desde que el presidente Chávez ganó las elecciones de 1998. A la derrota electoral en las elecciones a la Asamblea Nacional de diciembre de 2015, se une el agravamiento de la situación económica y el impacto que la misma tiene sobre las masas del pueblo trabajador (la base y sustento de la revolución). Es hora de hacer un balance serio.
Breve balance económico 2010 al 2016
En los últimos años (2013-2016) hemos visto y vivido un deterioro vertiginoso de las condiciones materiales de existencia de la clase trabajadora, en comparación con los últimos años de mandato del Presidente Chávez.
Para el 2013 la inflación cerró en un 56,2 %, una cifra considerable ya que estamos hablando de una pérdida de poder adquisitivo de poco más un tercio del valor real del salario, pero todavía es relativamente moderada si la comparamos con la de los años 2014, en el que la inflación cerró en 68,5%, y el 2015 que cerró con 180,9 %, cifra récord en nuestro país y que lamentablemente, será superada este año 2016, aunque no contamos todavía con datos del Banco Central de Venezuela (BCV), ya que este se ha negado a publicar cifras oficiales.
Ello, contrasta fuertemente con los años 2010, 2011 y 2012 que cerraron con cifras de inflación de 27,2%, 27,6% y 20,1% respectivamente.
Las causas de la inflación son varias, pero las más importantes son: la caída de los precios del petróleo y la consiguiente disminución drástica de las importaciones; la existencia del dólar preferencial que favorece las importaciones y paraliza el aparato productivo nacional; la política monetaria expansiva del gobierno para financiar el enorme déficit fiscal, y la combinación de los controles de precio con aumentos periódicos de salario.
Es fundamental comparar los precios del petróleo los últimos años, para tener una idea de la variación del ingreso de la nación y poder hacer un análisis más profundo de la crisis actual.
En 2009, 2010, 2011 y 2012 los precios promedio de la cesta petrolera venezolana fueron de 57, 72, 101 y 103 dólares por barril respectivamente, mientras que en 2013 fue de 98$/b, 2014: 88$/b, 2015: 44$/b, y en lo que va de 2016 promedia 34* dólares por barril (*cifras preliminares del ministerio del petróleo al 21 de diciembre 2016), habiendo alcanzado su punto más bajo en enero de 2016 con 24 dólares por barril, muy cerca del precio de producción del petróleo venezolano de 23,50 $/b.
A simple vista, podemos identificar la relación que existe entre la variación del precio del petróleo con nuestra inflación, esto, primero que nada ratifica la condición de país rentista, profundamente dependiente de los ingresos petroleros.
En segundo lugar nos permite evidenciar que una de las principales causas de la inflación, es que producto de la reducción de los ingresos petroleros el gobierno ha reducido la importación de alimentos y materias primas, priorizando el pago de la deuda externa. Esto genera una disminución de la oferta de bienes y crea las condiciones perfectas para agudizar la especulación y acaparamiento de bienes y servicios por parte de la burguesía parásita y obliga al Estado a reducir los subsidios a la mayoría de los productos que anteriormente podía vender a pérdida por el inmenso ingreso petrolero, con el que se mantuvo la ilusión de poder construir un “socialismo petrolero”, sin alterar las relaciones de propiedad de los medios de producción.
En tercer lugar, con la fijación de dos tipos de cambios, y con una brecha tan significativa entre ambos, el Estado ha creado las condiciones idóneas para agudizar la corrupción en la asignación sin control de las cada vez más escasas divisas que entran en el país por la renta petrolero. Recordemos que el 97% de la generación de divisas en Venezuela, históricamente, es producto de la industria petrolera, mientras la burguesía, que posee aproximadamente el 70% de la propiedad de los medios de producción, genera sólo el 3% de las divisas.
Otro factor decisivo es la expansión de la masa monetaria circulante. El gobierno, a través del Banco Central de Venezuela, ha estado inyectando enormes cantidades de dinero circulante en la economía, dinero que no está respaldado ni por un aumento en la producción de bienes y servicios ni por un aumento de las reservas internacionales.
En dos años (enero 2015 a diciembre 2016) la liquidez monetaria total ha aumentado en un 371% (o sea se ha multiplicado por más de 3), un 135% en el 2016 solamente. Desde enero de 2014 el aumento ha sido del 680%, ¡desde enero de 2013 la cifra es de 1235%! ¡Del 30 de septiembre de 2016 al 2 de diciembre del mismo año, es decir en apenas dos meses, el aumento de la liquidez monetaria ha sido del 40%! De ahí sale el dinero para el último aumento anunciado del salario mínimo de un 40%.
Este aumento desaforado del dinero circulante se produce al mismo tiempo que la economía está en recesión profunda. En el mismo período las reservas internacionales han caído de 22.000 millones de dólares en enero de 2015 a 11.000 millones en diciembre 2016. El aumento del dinero circulante mientras disminuye la producción y caen las reservas de divisas, conduce directamente al aumento galopante de la inflación.
Para dar un ejemplo gráfico: la producción total de un país en el año 2014 es 100 y la masa de dinero circulante es de 100, al cabo de dos años la producción ha caído a 90 pero la masa de dinero circulante ha aumentado a 371, eso quiere decir que lo que antes valía 1 ahora vale 4,1. Los precios se han multiplicado por cuatro.
El mecanismo de imprimir dinero sin un respaldo en la producción se ha utilizado para pagar los aumentos del salario mínimo y para financiar el enorme déficit fiscal (la diferencia entre lo que el estado ingresa y lo que gasta). En cuanto al salario mínimo, la medida, como cualquiera ha podido observar, sirve realmente de poco, ya que entre el anuncio del aumento y el pago del mismo en la quincena, el aumento ya queda eliminado por el aumento correspondiente de la inflación. En Venezuela el déficit fiscal se ha mantenido de manera constante entre un 10% y 15% del PIB en los años recientes, posiblemente por encima del 20% en 2016, una cantidad claramente insostenible. El estado ha seguido gastando enormes sumas de dinero en mantener las misiones sociales, pero el ingreso petrolero ha colapsado, creando ese enorme déficit.
Venezuela 2016: agudización de la crisis económica, política y social
El año 2016 ha sido hasta ahora el más difícil para la revolución en sus 17 años de historia. No obstante, las contradicciones económicas, sociales y políticas que dan origen a la crisis que se vive hoy están lejos de resolverse, y más bien, se agudizan cada día que pasa. El año 2017 será por lo tanto de dificultades aún mayores que las que se han experimentado hasta el momento.
Podríamos arriesgarnos a afirmar, estudiando cifras que presentan algunos analistas y economistas burgueses, con supuestas fuentes cercanas al BCV, pero sobre todo, a partir de la realidad concreta que vivimos a diario al hacer las compras, que la inflación este año 2016 podría duplicar la del 2015, y rebasar el 360%.
Como referencia podemos tomar en cuenta además el incremento del presupuesto de la nación para el 2017, que pasó de 1,54 billones de Bolívares en 2016 a 8,47 billones de Bolívares, reflejando un incremento de 447,44 %, y que toma entre otros factores para su estimación la inflación acumulada del 2016.
Lamentablemente debemos hacer esta estimación sin contar con otras fuentes oficiales de datos, debido a la ausencia de boletines regulares por parte del BCV sobre el comportamiento del denominado Índice de Precios al Consumidor, producto de la negativa del gobierno de reconocer la situación de inflación desenfrenada que existe en el país.
Ello se debe a que desde el primer momento en que comenzó a agudizarse la guerra económica a finales de 2012, la actitud de la burocracia y del gobierno ha sido de negación del desarrollo real de los hechos económicos, o de subestimación de los mismos, bajo el vano pretexto de que al reconocer la realidad, estaría dándole la razón a los señalamientos y propaganda de la derecha.
En ese sentido, ha habido un intento ininterrumpido por negar fenómenos como la escasez crónica y el aumento acelerado de los precios de los bienes de consumo, y sólo cuando por la propia fuerza de los acontecimientos ha sido imposible enmascararlos ante la vista de la propia clase trabajadora, que los padece en su cotidianidad, entonces el gobierno ha cedido y en consecuencia ha reconocido aunque tímidamente, la gravedad de la situación.
En consecuencia, con las cifras extraordinarias que ha alcanzado la inflación en 2016, muchas familias de clase obrera ya no logran cubrir los costos de la canasta básica, lo que ha implicado un rápido empobrecimiento de amplios sectores de la clase.
Son pocos los estudios científicos serios que permiten corroborar con precisión el nivel de empobrecimiento de las masas trabajadoras, ya que por un lado, la mayoría de las encuestadoras e instituciones que realizan estudios afines tienen fines propagandistas parcializados (pro o anti gobierno), limitando su nivel de credibilidad.
Por ejemplo, Venebarómetro presenta las siguientes cifras de variación en la cantidad de veces que come el venezolano al día entre febrero y diciembre 2016: las personas que comen 3 veces al día bajó de 69,5% a 34,3%, las que comen 2 veces al día subió de 24,3% a 45,5% y las que comen una sola vez al día subió de 4,8% el 19,8%.
Ahora bien, más allá de los estudios, hay una situación que puede palparse de manera evidente en las calles del país.
Cualquier trabajador, ha vivido o podido observar cómo muchos de los compañeros o compañeras de su centro de trabajo, así como amigos o familiares, han bajado de peso de manera drástica, muchos/as, han incluso reducido varias tallas de pantalón. Otros compañeros o compañeras incluso tienen ahora aspecto demacrado. Ello se debe fundamentalmente a la reducción abrupta en la ingesta de carbohidratos tradicionales, tales como el arroz, la pasta, la harina de maíz precocida (utilizada para la elaboración de arepas, empanadas, etc.) o la harina de trigo (utilizada para la elaboración de pan, dulces, tortas) así como también a la reducción en la ingesta de proteínas animales (carne, pollo, pescado).
A ello se le suma la escasez de alimentos procesados, tales como el aceite vegetal, la margarina o el azúcar, los dos primeros ricos en colesteroles dañinos para el organismo, y el último rico en carbohidratos, que tradicionalmente incidían en el sobrepeso del venezolano promedio.
Por otro lado, los venezolanos que ahora hurgan en la basura en búsqueda de alimentos o algún otro producto útil para el uso o la reventa han reaparecido después de varios años que no veíamos dicho fenómeno en cantidades significativas. En las urbanizaciones del este de la ciudad de Caracas, en el centro de la ciudad o en la zona oeste de la misma, actualmente abundan hombres jóvenes buscando comida en la basura, además de una inmensa cantidad de vendedores ambulantes y mendigos en el Metro de Caracas (transporte subterráneo).
Un dato relevante es que no se trata de viejos mendigos, hombres de 40, 50 o 60 años que cayeron en dicha situación en la década pasada, o en la década de los 90, producto de las condiciones de poca oferta de empleo y pésima educación que existían en la 4ta república. No, actualmente quienes buscan en comida en la basura son hombres jóvenes, de entre 20 y 30 años en promedio.
Este hecho además constata el crecimiento indiscutible de los niveles de desempleo en el país, lo cual corresponde lógicamente con la fuerte y prolongada contracción de la economía venezolana, a pesar de que el gobierno repita permanentemente que el desempleo en el país continúa disminuyendo, ya que, aunque se carece de cifras oficiales, algunas estimaciones calculan que en el 2do trimestre de este año la caída del PIB fue de 11,8% en relación al mismo trimestre del año 2015. Asimismo, organismos como la CEPAL prevén que la caída del PIB en 2016 será del 8% y en 2017 alrededor de un 4%.
Otro fenómeno que se ha hecho recurrente es el de trabajadores todavía no lumpenizados, que para poder cubrir sus requerimientos alimenticios, ya que el salario no se los permite, han optado por recoger las sobras y recortes “no útiles” en los mercados de verduras a cielo abierto. Se trata de personas de aspecto normal, “bien vestidas”, como se suele decir en Venezuela, que recogen aquellos recortes de tubérculos, de plátano, legumbres u otros vegetales, que por algún defecto no fueron vendidos por los comerciantes sino que fueron desechados.
Asimismo, en conexión con dicho fenómeno, han surgido revendedores de tales recortes de verduras, que normalmente serían considerados desecho, pero que ahora aprovechan la situación para venderlos a bajo costo y obtener de los mismos un cierto beneficio.
En síntesis, la situación material de las masas ha venido deteriorándose de manera drástica durante los tres últimos años, y en particular durante este último año, lo cual ha agotado y desmoralizado profundamente a las masas trabajadoras, que históricamente han sido el sostén de la Revolución Bolivariana, provocando así un agudo reflujo en el movimiento revolucionario.
De la derrota económica a la derrota electoral
Ahora bien, no podemos analizar a profundidad el desarrollo político del año 2016, sin antes hacer una valoración del impacto de la crisis económica que venimos arrastrando en el resultado de las elecciones parlamentarias de finales del 2015.
Entre los años 2014 y 2015, confluyeron la abrupta caída de los precios petroleros y la nefasta e ineficaz política de conciliación de clases que emprendió el gobierno nacional, después de las guarimbas del 2014, al instalar las mesas económicas de paz, donde el Presidente Nicolás Maduro se sentó incluso con Lorenzo Mendoza, Ramos Allup y Henrique Capriles Radonsky, dándoles tribuna política y prebendas económicas en un vano intento para apaciguar el saboteo económico.
En esta coyuntura un sector de las masas, con un profundo nivel de conciencia, mantuvo con hidalguía la defensa del gobierno bolivariano y se movilizó combativamente ante cada llamado de su dirección, pero por el contrario, ésta siempre vaciló a la hora de tomar acciones contundentes contra el sabotaje económico llevado adelante por la burguesía. Ni siquiera luego de las consultas internas del PSUV para elegir candidatos a la Asamblea Nacional, donde la participación sobrepasó los 3 millones de militantes, superando con creces las estimaciones de los más optimistas, confirmando que aún a pesar de las duras condiciones económicas que estaba enfrentando el pueblo trabajador, éste todavía mantenía en alto su espíritu de lucha y su combatividad revolucionaria, la dirección del PSUV y el gobierno decidieron radicalizar la revolución.
Esta vacilación constante por parte de la dirigencia bolivariana, unida al rápido deterioro de las condiciones de vida de las masa en el marco de la guerra económica, terminó por desmoralizar y desmovilizar a un amplio sector de los simpatizantes del gobierno, ocasionando lo que ha sido hasta ahora, la más contundente derrota electoral recibida por el proceso revolucionario en toda su historia, mucho peor incluso cuantitativamente, en comparación a la pírrica derrota del referéndum por la reforma constitucional en 2007.
Es así, como el 6 de diciembre del 2015 la oposición obtiene 112 diputados y el PSUV sólo 55, siendo superado por más de dos millones de votos, al recibir el apoyo de 5 millones y medio de electores frente a los 7 millones y medio que votaron a favor de la MUD.
De la derrota electoral a la derrota ideológica
embargo, ante el mazazo sufrido en las elecciones del 6 de diciembre, sectores de vanguardia reaccionaron rápidamente, generando múltiples espacios de debate, asambleas populares, incluso frente al palacio de Miraflores, exigiendo la radicalización del proceso revolucionario.
Durante el primer mes, en medio de consultas y reuniones extraordinarias del congreso del partido y de un congreso extraordinario de economía, la dirección del gobierno anuncia, en primera instancia, el nuevo gabinete económico, para nada heterogéneo, donde coinciden, un empresario (Pérez Abad), un intelectual de izquierda (Luis Salas, que saldría pocos días después de su nombramiento) y un etapista estalinista (Jesús Faría).
En el plano político se conforma un equipo promotor para lo que será denominado el Congreso de la Patria, que inicialmente será bien recibido por las masas aunque progresivamente comienza a percibirse su carácter activista, donde ninguna de las propuestas surgidas de dicha instancia iba a tener respuesta en el alto gobierno o en la dirección del partido.
El gobierno y la burocracia del PSUV profundizan en una política de recurrir a la movilización de las masas como si fuera una llave de agua que se puede abrir y cerrar a voluntad. Ante el ambiente extremadamente crítico que se generó después de la derrota electoral se abrieron una serie de espacios para la participación, pero sin ningún poder real, simplemente como válvula de escape. El efecto que esto tiene es totalmente contraproducente, aumentando el cinismo, escepticismo y apatía de los activistas revolucionarios ante estos espacios.
Luego durante el mes de febrero, se anuncian las medidas económicas, que develan ya más claramente, el rumbo que tomará el gobierno el resto del año. Devaluación, reforma tributaria, aumento de la gasolina, priorización del pago de la deuda externa y algunas políticas de protección social como las tarjetas de subsidios.
Además, la constitución del Consejo Nacional de Economía productiva, -instancia donde realmente se toman las decisiones trascendentales en materia económica-, el impulso de la Agenda Económica Bolivariana, los 15 motores productivos y el desarrollo del arco minero.
A éste respecto, cabe hacer un paréntesis señalando que esta agenda es muy similar a la presentada por el Presidente Chávez en 1998, y por lo tanto constituye un retroceso ideológico a la época en la que Chávez aún creía en la tercera vía de Tony Blair, etapa que creíamos superada totalmente luego del golpe de Estado del 2002 en adelante, cuando Chávez fue evolucionando dialécticamente, desde posturas nacionalistas a antiimperialistas, socialistas e incluso hasta autodenominarse marxista en uno de sus últimos discursos de memoria y cuenta en la Asamblea Nacional, en el año 2011.
Por lo tanto la dirigencia bolivariana, aterrada por la estruendosa derrota electoral producto de la política de conciliación de clases, interpretó erradamente la derrota como consecuencia del “bajo nivel de consciencia de las masas”. En lugar de ser autocritica y confiar en la clase trabajadora, prefirió intentar pactar abiertamente con la burguesía, a fin de sostenerse en el poder y evitar o apaciguar la lucha de clases. Así trató de conciliar los intereses de la clase trabajadora con aumentos de sueldos y bonos de alimentación, y los intereses de la burguesía, facilitándole a esta última dólares preferenciales, créditos blandos, flexibilizando los requisitos para importar y exportar y permitiendo aumentos en los precios de bienes y servicios.
El “pequeño” detalle de dicha política de conciliación, consiste en que esta situación es insostenible para la clase trabajadora, ya que la parte de “ganancia” que recibe en este pacto gobierno-burguesía es automáticamente devorada por la lógica del capitalismo parasitario que existe en Venezuela, que especula, acapara, despide, reduce salarios y boicotea las condiciones de vida de la clase trabajadora para que ésta vuelque sus frustraciones contra el gobierno, mientras aumenta su cuota plusvalía y acumula enormes y groseras riquezas.
La política de control de precios y de cambio, que se introdujo en 2002/03 para proteger al pueblo trabajador y combatir la fuga de capitales, llegaron ya a su límite hace años. Se han convertido en un freno al “normal” desarrollo de la economía capitalista. Los empresarios no producen porque no aceptan la limitación del margen de ganancia que les dan los precios regulados. De ahí el saboteo, el acaparamiento, el desarrollo del mercado negro, etc. Al mismo tiempo el dólar preferencial (la otra cara del control de cambios), se ha convertido en un pozo sin fondo por el que se transfiere la renta petrolera en dólares a los bolsillos de los empresarios y funcionarios corruptos a todos los niveles. El efecto añadido es que favorece las importaciones por sobre de la producción nacional. El dólar barato para importar (10 bolívares por dólar DIPRO en comparación de los 670 del semi-flotante dólar SIMADI/DICOM, y los más de 3300 del mercado negro a principios de enero 2017), produce una tasa de ganancia nunca vista para los empresarios que obtienen dólares DIPRO, importan productos y luego los venden al tipo de cambio del dólar del mercado negro.
Este desajuste sólo tiene dos soluciones posibles: o se levantan los controles sobre la economía, como exigen los capitalistas, haciendo pagar la crisis a los trabajadores; o bien se expropian los sectores clave de la economía, haciendo pagar la crisis a los capitalistas. La política del gobierno ha sido la de hacer concesiones a los capitalistas (liberalizando parcialmente y poco a poco los controles de precios y cambiarios). Los capitalistas no creen que estas concesiones sean suficientes, con lo cual las distorsiones en la economía continúan y se agudizan.
La anulación del referéndum revocatorio y la mesa de diálogo
Durante todo el año 2016, la oposición, envalentonada por la contundente victoria del 6 de diciembre de 2015, se fija salir del Presidente Nicolás Maduro en un plazo de 6 meses. Pero la realidad es que no es sino hasta el mes de abril que se define una “ruta para salir del Presidente”, ya que habían 3 propuestas de las diferentes tendencias de la MUD: la renuncia, el revocatorio y la enmienda constitucional. Finalmente optaron por la opción del revocatorio, ya que la enmienda constitucional para reducir el mandato presidencial no podría aplicarse al Presidente en ejercicio sino a partir del próximo periodo presidencial, y ya que ellos daban por hecho que ganarían la próxima elección presidencial, entonces descartaron la opción de la enmienda. Por otro lado, la renuncia era una opción ingenua y nada viable, ya que el Presidente aún contaba con un importante respaldo popular y de las FANB.
Así iniciaron un proceso de recolección de firmas y reafirmación de voluntades, que evidenció un gran número de irregularidades, que permitió la suspensión del proceso de recolección del 20% de manifestaciones de voluntad para convocar al revocatorio, a pesar de haber cumplido con el primer paso de la recolección del 1% de las manifestaciones de voluntad.
Ello originó una fractura en la oposición en dos alas, la abiertamente insurreccional, encabezada por elementos de la alta burguesía tales como Leopoldo Lopez, Maria Corina Machado y sus partidos, y los sectores que apuestan por una salida institucional mediante un diálogo con el gobierno, tales como el partido Un Nuevo Tiempo, el gobernador del Edo. Lara Henry Falcón, entre otros.
Luego de varias masivas demostraciones de calle de la oposición, la vacilación de sus dirigentes y los intereses económicos de sus financistas (recordemos que por ejemplo, personajes de la talla de Cisneros, accionista mayoritario de Venevisión y de la franquicia Coca-Cola en Venezuela, se asociaron con el Gobierno al invertir 1000 millones de dólares en la faja petrolífera), permitió que se impusiera temporalmente el ala conciliadora de la MUD, decidiendo entonces sentarse a dialogar con el Gobierno para intentar retomar la senda electoral con el objetivo de salir de la crisis política, y aplazando temporalmente la opción del derrocamiento violento del gobierno.
En consecuencia, ante la instalación de las mesas de diálogo entre el gobierno y la MUD, las masas contrarrevolucionarias entran en reflujo, a pesar de ser hoy en día mayoría electoral frente a los sectores más desmoralizados y vapuleados por la crisis económica, que aún apoyan al gobierno nacional. Las leyes que se aplican a la movilización revolucionaria de las masas, también se aplican a la movilización contrarrevolucionaria. La dirección de la oposición en lugar de demostrar fuerza, unidad y aprovechar la iniciativa que tenía, ha demostrado vacilación, incapacidad de llegar hasta el final, divisiones internas. Esto ha llevado a la desmoralización de las masas de la pequeña burguesía y las capas medias que son la base social de la oposición contrarrevolucionaria. En las más recientes marchas opositoras hemos visto el abucheo generalizado a todos sus dirigentes.
Incluso, una reciente encuesta de Hinterlaces (encuestadora propiedad de Oscar Schemel, cercano al Gobierno) reveló que 51% de la población actualmente no se identifica ni con la MUD ni con el Gobierno.
2017: de la derrota ideológica a la derrota política
El Consejo Nacional Electoral ha confirmado ya que en 2017 se realizarán elecciones regionales y municipales, en los meses de junio y diciembre respectivamente.
Como hemos explicado las masas trabajadoras del país han venido experimentando un agudo proceso de reflujo durante los últimos tres años, como consecuencia de la rápida degradación de sus condiciones materiales de existencia, en el marco de la guerra económica.
Actualmente, dicho proceso se encuentra en el punto más alto de los últimos tres años, es decir, en el momento actual los niveles de cansancio, desmoralización y desmovilización de las masas trabajadoras, que históricamente han sido el sostén de la Revolución Bolivariana, son los más altos que han podido evidenciarse desde la radicalización de la guerra económica a finales de 2012.
Dicho proceso continuará agudizándose peligrosamente, en la medida en que las condiciones de vida de las masas se sigan deteriorando, lo cual, como ya hemos analizado previamente, es una perspectiva clara para el año que viene.
El resultado de las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre, fue una evidencia clara de cómo el cansancio y la desmoralización han crecido de manera peligrosa entre las bases del chavismo, como consecuencia de la crítica situación de escasez y de la brutal carestía de la vida. Ahora, a un año de dichas elecciones, el escenario económico es mucho peor, y ello implica inevitablemente que el malestar entre las masas se ha profundizado enormemente, en comparación al nivel existente hace un año.
No obstante, el gobierno y la dirección del PSUV tienen la ilusión de que pueden sortear esta situación aplazando las citas electorales. Consideran erróneamente que con la regularización de los CLAP [Comités Locales de Abastecimiento y Producción, que venden bolsas de productos básicos a precios subsidiados directamente a través de las comunidades], el Plan de Abastecimiento Complementario [mediante el cual el estado importa alimentos y los vende a precio de dólar DICOM], la importación de productos brasileños y el aumento futuro de los precios del petróleo, podrá paliarse la situación actual hasta el punto de recuperar la base de apoyo social que se ha perdido en el último período. Nada más erróneo y alejado del proceso real de desarrollo de la consciencia de las masas.
En la medida en que el gobierno no dé un viraje de 180 grados en la política económica, y mantenga las mismas políticas reformistas que ha estado implementando de manera empecinada durante el último período, entonces no habrá posibilidad alguna de resolver la situación de escasez crónica y de inflación desatada que reina actualmente en el país. Más bien, tales medidas contribuirán a la agudización de dicha situación, con lo cual es absolutamente inevitable que el proceso de reflujo continúe profundizándose a lo largo de 2017, permitiendo así prever de manera lamentable una contundente victoria de la MUD sobre el gobierno tanto en los comicios regionales de junio, como en los municipales de diciembre.
Si hacemos una sencilla proyección de los resultados del 2015 en las venideras elecciones regionales del 2017, el PSUV solo ganaría 5 de las 23 gobernaciones en disputa: Apure, Guárico, Portuguesa, Delta Amacuro y Cojedes (recordemos que el Gobernador del Distrito Capital lo designa directamente el Presidente de la República) sin contar el fuerte desgaste que incluso ya existe entre las masas trabajadoras de dichos estados.
Una nueva derrota electoral de proporciones similares a las del 6 de diciembre, tendrá evidentemente, enormes repercusiones sobre el panorama político del país, y sobre el desarrollo de los acontecimientos en el marco del proceso de lucha de clases.
Al igual que en los días posteriores al 6 de diciembre, un ambiente de severa crítica hacia los dirigentes surgirá en el seno de la militancia, sobre todo entre la vanguardia y los sectores más conscientes del movimiento. Asimismo, es posible que entre la vanguardia, pero también entre sectores más amplios del movimiento, ocurra un reavivamiento de la combatividad revolucionaria, ante la señal de alarma que significaría tal derrota, respecto a la posibilidad de que la contrarrevolución avance en el asalto al poder.
También cabe destacar la posibilidad del surgimiento de un ala izquierda en el partido, debido a posiciones encontradas entre sectores de la dirección y cuadros medios del partido, en torno a unas potenciales elecciones primarias para elegir candidatos a las gobernaciones, ya que la dirección nacional opina que en estos momentos de “fragilidad”, no son viables unas primarias por el riesgo a generar divisiones, mientras que cuadros medios y de base reivindican la necesidad de ir a un proceso interno para democratizar la toma de decisiones en el partido, refrescar los liderazgos y generar movilización previa al evento electoral. Este proceso podría desarrollarse en proporciones aún mucho mayores, incluso al punto de que ocurra una fractura en el partido, luego de una victoria aplastante de la MUD en las elecciones regionales.
Estas circunstancias, serán considerablemente propicias para la difusión de las ideas y programa del marxismo, pero también, para la construcción de una fuerte tendencia marxista en el seno del movimiento bolivariano.
En segundo lugar, la burguesía se envalentonará con su victoria, lo que empujará a los sectores más extremistas de la misma, a plantearse nuevamente la vía insurreccional para derrotar a la revolución, por lo que no es de descartar nuevas acciones violentas por parte de la derecha. No obstante, ante la proximidad de las elecciones municipales, que se realizarían tan sólo 6 meses después, no se descarta la posibilidad de que el sector de la burguesía que apuesta al desgaste progresivo del gobierno imponga su agenda, y la MUD espere hasta la realización de las elecciones municipales antes de plantearse una acción insurreccional de mayor envergadura con el objetivo de derrocar al gobierno.
Ahora bien, una vez que se realicen las elecciones municipales, las cuales, al igual que las regionales, en el marco de condiciones actualmente dadas, ganaría la MUD sin dificultad, se plantea un escenario muy difícil para el gobierno.
Actualmente el Poder Ejecutivo cuenta con el apoyo de 3 de los 5 poderes públicos, ya que a finales de 2016 el Tribunal supremo de Justicia designó a las rectoras del CNE para el siguiente periodo 2016-2023, cerrándole la posibilidad a la Asamblea Nacional a designarlas, como lo establece la Constitución, por encontrarse en desacato.
No obstante, la burguesía y sus representantes políticos han acusado a Maduro de ser un presidente ilegítimo desde que ganó las elecciones en 2013, y a partir de entonces no han dejado un segundo de conspirar en su contra para derrocarlo. Por lo tanto, una vez que hayan ganado las elecciones municipales, la MUD contará prácticamente con la mayoría aplastante de los cargos de elección popular en el país. La mayoría de las gobernaciones, alcaldías, concejos legislativos regionales, consejos municipales y por supuesto la Asamblea Nacional, estarán completamente bajo su control. En ése escenario, apoyados por un nivel de descontento social sin precedentes, basado en la grave situación económica del país, es lógico y previsible que retomarán la agenda violenta y de calle para derrocar al presidente Maduro, o en su defecto, para presionar a su renuncia y a la convocatoria a elecciones anticipadas.
Otra posibilidad es la de un pacto entre el gobierno o sectores del mismo y sectores de la oposición para pactar una “transición” controlada en la que se darían algunas garantías de no persecución a la burocracia y los reformistas.
Sin embargo, la situación de saqueos y violencia que vivimos en diciembre de 2016 en ciudades como Maracaibo y Ciudad Bolívar, con la retirada de los billetes de 100 bolívares apuntan también a otro escenario: un estallido de violencia, provocado por el agravamiento de las condiciones de vida de las masas y aprovechado de manera cínica por la oposición. Tal escenario está implícito en la situación. Aunado a ello, ante una ruptura de la ley y el orden y la continuación del bloqueo institucional, no podemos descartar una intervención de las fuerzas armadas o de un sector de las mismas. Hasta el momento el gobierno se ha cuidado de mantener a los altos mandos de la FANB a su lado, en parte con jugosas concesiones económicas, por ejemplo a través de la creación de la CAMIMPEG (Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petroleras y Gasíferas) que entrega directamente a los militares una importante tajada del negocio petrolero.
En los momentos más álgidos de la movilización de la oposición contrarrevolucionaria ésta ha lanzado llamados a las fuerzas armadas a intervenir, rompiendo con el gobierno. Hasta el momento no se ha dado ningún indicio de movimientos en esa dirección. Sin embargo eso no quiere decir que ante acontecimientos más graves (saqueos, violencia callejera, incapacidad de las instituciones de mantener el orden), altos mandos de las fuerzas armadas decidan intervenir directamente en la política, erigiéndose en árbitro de la situación. Incluso en una situación de ése tipo, sectores de las masas podrían apoyar en un primer momento esa intervención. Sin embargo, eso por sí mismo no resolvería ninguno de los problemas de fondo a los que se enfrenta la economía venezolana. Un gobierno militar, o un gobierno de unidad nacional con apoyo de los militares, se vería ante el mismo dilema de tener que decidir entre hacer pagar la crisis al pueblo trabajador o hacer pagar la crisis a la burguesía.
En tan grave situación, las medias tintas, la corrupción, la burocracia y el reformismo nos están llevando a perder las conquistas y el legado del Comandante Chávez. Todas las conquistas de la revolución están amenazadas por la profunda crisis económica, que en última instancia no es culpa “del socialismo”, sino justamente del intento reformista de regular el capitalismo. Lo que ha fracasado en Venezuela no es el socialismo (la propiedad colectiva y planificación democrática de los medios de producción) sino lo contrario, el intento de obligar al capitalismo a funcionar en beneficio de la mayoría, algo a todas luces utópico e imposible.
La única salida posible para defender las conquistas de la revolución es justamente completar la revolución, nacionalizando la banca y los medios de producción bajo control obrero y destruyendo el estado burgués para sustituirlo por un estado obrero.
Ya amplios sectores de la vanguardia reconocen la necesidad impostergable de estas medidas. Tres partidos del Gran Polo Patriótico (GPP) han exigido recientemente la nacionalización de la banca, el Partido Comunista de Venezuela (PCV), el Movimiento Electoral del Pueblo (MEP) y el Movimiento Revolucionario Tupamaro (MRT) a los cuales saludamos y hacemos un llamado a planificar y organizar acciones conjuntas por esta reivindicación común, frente a la dirección conciliadora del GPP y el PSUV.
El principal obstáculo para que se lleven a cabo estas urgentes medidas no es la conciencia de las masas, que es muy avanzada, sino la política incorrecta de nuestros dirigentes, es necesario por lo tanto forjar una nueva dirección, es necesario construir la Corriente Marxista del PSUV – Lucha de Clases con los sectores más conscientes y revolucionarios del movimiento bolivariano y con raíces profundas en el movimiento obrero.
¡Radicalización de la revolución!
¡Expropiación de la banca y los monopolios bajo control obrero!
¡Unete a Lucha de Clases!