La estrategia electoral del gobierno, la decadencia opositora y la necesidad de una alternativa revolucionaria

En medio de las restricciones impuestas por las medidas de aislamiento social, el debate político nacional ha tomado como centro la posible contienda electoral parlamentaria pautada para este año. Mientras el gobierno apela a dictámenes administrativos, empleando el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), para llegar a la justa parlamentaria en claras condiciones de ventaja, la oposición pro-imperialista se halla cada vez más dividida y desorientada, toda vez que las masas trabajadoras se encuentran desahuciadas de un referente político capaz de dirigir sus luchas y reivindicaciones.


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Mediante sentencia del TSJ, donde se declara omisión legislativa por parte de la Asamblea Nacional (AN) en desacato, el Poder Judicial se arrogó la elección de los nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE), su presidencia y vicepresidencia, así como sus órganos subordinadas, violentando procedimientos establecidos en la Ley Orgánica de Procesos Electorales y la Constitución. Con tres rectores pro-oficialismo, 1 del MAS y otro con claros nexos de parentesco con el nuevo presidente Ad Hoc de AD, la dirección del Gobierno, con claras medidas de índole bonapartistas, ha configurado un poder electoral acorde a sus necesidades y su estrategia política.

Inmediatamente, la Sala Constitucional del TSJ decidió suspender las juntas directivas de los partidos opositores Acción Democrática y Primero Justicia, para luego nombrar las respectivas presidencias Ad Hoc, a manos de parlamentarios de estos partidos implicados en la trama de corrupción por la importación de los productos CLAP y encubrimiento a Alex Saab. Como parte de la misma estrategia, Chaim Bucarán -otro miembro de la fracción CLAP, está solicitando el mismo procedimiento para Un Nuevo Tiempo. Es muy fácil reconocer como este hilo de acciones corresponden a una misma estrategia, a una misma política, dirigida a construir una oposición dócil, desprovista de una amplia base social, con la cual el PSUV pueda afrontar contiendas electorales y llegar a pactos de gobernabilidad.

También el TSJ, por petición del Fiscal General de la República, prepara una sentencia donde determinará responsabilidades del partido de Guaidó, Voluntad Popular (VP), en acciones terroristas. Sobre la vocación golpista y terrorista de toda la dirigencia de VP no tenemos la menor duda, pero llama la atención que se preparan medidas administrativas contra este partido justo en el momento actual. Para la izquierda del chavismo ha sido un clamor la demanda de cárcel a Guaidó y todos los golpistas, desde comienzos del 2019. Si de verdad existiera la intención de hacer justicia, las medidas que se tomarían no centrarían su atención en partidos y tarjetas electorales sino en personas y responsables directos. Se pudo conocer, gracias a un reportaje del Wall Street Journal, que un sector dentro de VP o que ya no milita en dicho partido ha recargado toda las culpas de la vía insurreccional a Leopoldo López, en un intento de desmarcarse y tratar de negociar con el gobierno una posible participación en futuras elecciones, mientras a su vez tratan de restarle responsabilidades a Guaidó sobre este asunto. Esta importante revelación nos puede anticipar el tipo de sentencia que pudiera tomar el TSJ respecto al caso de VP.

Mientras tanto, y como era de esperarse, la marioneta del imperialismo, Juan Guaidó, ha realizado un nuevo e inocuo llamado a la movilización de las bases opositoras para «combatir el fraude electoral». Estas palabras corresponden a una mera declaración vacía, qué más allá de llenar los titulares no producirán la más mínima consecuencia. Manchado por numerosos casos de corrupción y tráfico de influencias, y expuesto ante sus bases como alguien incapaz de asumir su clara responsabilidad en la gestión de las fracasadas incursiones mercenarias (que al menos le hubiesen dado algo de réditos entre el sector más radical de la oposición), Guaídó hoy goza del desprecio no solo de la izquierda en general sino también de amplias capas de la derecha por su incompetencia. Hasta el mismo Trump ha expresado su inconformidad con su marioneta, al tender puentes hacia los militares venezolanos en marzo, instando a conformar un Consejo de Estado de Transición «sin Maduro y Guaidó» y ahora mencionando la posibilidad de efectuar una reunión con Maduro. A todas estas, nuestra demanda de justicia y cárcel a este golpista despreciable no puede ser más vigente.

La charlatanería de Guaidó es un claro reflejo de la decadencia de la derecha venezolana y la burguesía criolla parásita. Con una base social decepcionada y desmoralizada, y la marcada división en el menos 4 bloques (tendencia conciliadora, fracción CLAP, G4 -que ahora pierde sus tarjetas y colores- y el sector radical en torno a María Corina Machado -los dos primeros ya están cooptados por el gobierno) las fuerzas derechistas del país se muestran impotentes e incapaces de lograr sus objetivos manifiestos. Para el G4, luego cosechar una retahíla de fracasos en sus reiteradas ofensivas golpistas y desestabilizadoras, la única salida previsible que les queda es el abstencionismo anodino e inofensivo, salvo que una oferta gubernamental o una decisión de sus amos en la Casa Blanca cambie el panorama.

Por la anterior, es necesario rechazar todas las quejas hipócritas de Guaidó y la derecha venezolana pro-imperialista. Esta, que no tuvo frenos para organizar golpes de estado, gestionar y aplaudir sanciones económicas contra su propio país -donde los más afectados han sido los sectores más desfavorecidos, que ha organizado incursiones mercenarias, y ha llamado abiertamente a la intervención militar estadounidense, no está en condiciones de denunciar ningún tipo de atropello e injusticia. Si estos sectores hubiesen alcanzado cualquiera de sus objetivos, toda noción de derecho civil o político estaría sumergido en ríos de sangre y la persecución y judicialización de toda la izquierda -sin distingos- estaría a la orden del día.

Sin embargo, también debemos rechazar toda maniobra gubernamental dirigida a intervenir partidos políticos y destituir sus directivas a conveniencia. Por una cuestión de principios, los revolucionarios no podemos avalar y menos aupar cualquier forma de fortalecimiento del aparato estatal por sobre la sociedad y la democracia (incluyendo la propia democracia burguesa). El gran revolucionario ruso, León Trotsky, en su texto La libertad de prensa y la clase obrera expresó lo siguiente: «Tanto la experiencia histórica como teórica prueban que cualquier restricción de la democracia en la sociedad burguesa, es, en último análisis, invariablemente dirigida contra el proletariado, así como cualquier impuesto que se imponga recae sobre los hombros de la clase obrera. La democracia burguesa es útil para el proletariado sólo en cuanto le abre el camino al desarrollo de la lucha de clases. Consecuentemente, cualquier “dirigente” de la clase obrera que arma al gobierno burgués con medios especiales para controlar a la opinión pública en general y a la prensa en particular, es, precisamente, un traidor…». Aunque estas reflexiones refieren a la censura mediática, fácilmente se pueden extrapolar a ámbitos más amplios, como la persecución a partidos de izquierda que difieran de la línea del PSUV.

Medidas bonapartistas como las que encausa el gobierno, no solo golpean a las agrupaciones políticas de derecha sino también a las de izquierda, como ya lo pudimos ver en el caso de UPV y que fácilmente pudieran replicarse en las próximas semanas ante la coyuntura electoral y la necesidad del PSUV de conseguir su llamada «alianza perfecta». Debemos advertir esta seria amenaza, que pudiera caer encima de partidos cuyas bases debaten con intensidad sobre la pertinencia de seguir en alianza con el PSUV o conformar una alianza separada del oficialismo.

Tampoco es de extrañar la detención de Jose Pinto, Secretario General de Tupamaros, como medio para dirimir una lucha de tendencias en favor del ala pro-PSUV del partido. Aunque creemos que Pinto no amenazaba el apoyo de Tupamaros al gobierno en ultima instancia, su detención denota la clara intención del gobierno de tener un férreo control de los aparatos partidarios del GPP.

Conforme pasan las horas, voceros del PSUV mencionan la elaboración de listas de posibles candidaturas, mientras presionan a las directivas de los partidos que históricamente han formado parte del Gran Polo Patriótico (GPP) a que definan su alianza con la coalición. A raíz de esto, las discusiones y negociaciones entre las diferentes organizaciones de izquierda no se han hecho esperar.

Responsablemente debemos señalar que, como históricamente ha ocurrido, algunas formaciones intentarán mostrar, en primera instancia, una posición irreductible, para luego entrar a una negociación en la cual tratarán de obtener el mayor número de candidaturas, ofertas y prebendas. La mayoría de partidos basan su existencia en la obtención de cargos públicos para financiarse, o en ciertos casos, para obtener una tajada de la renta nacional como único objetivo implícito, muy lejos de formar serias tradiciones de auto-financiamiento y auto-gestión entre su militancia. De esta manera, la Independencia política se ve reducida ante toda clase de desviaciones, que el partido en posiciones de gobierno (y administrador de la renta nacional) sabe como explotar.

Mientras lo descrito anteriormente ocurre de nuevo, las amplias masas trabajadoras siguen desprovistas de una alternativa política al caos actual y la desesperanza. La crisis estructural del capitalismo venezolano, enmarcada en la crisis mundial del orden económico-social burgués, se profundizar con el paso de los días. La política de ajuste anti-obrera y anti-popular del gobierno, con su correlato represivo, ha quedado en evidencia para todos. Como resultado, se ha abierto un debate en el seno de algunos partidos de izquierda sobre la posibilidad de no seguir apoyando al PSUV y marcar una política separada del gobierno, que permita referenciar las múltiples luchas populares y obreras para dirigirlas. Con esto, tendencias de izquierda emergen ante la gran necesidad que la historia está demandando. Debates de este tipo se vienen dando en partidos como PPT y el PCV.

Desde la Corriente Marxista Lucha de Clases, saludamos el debate abierto en las filas de PPT y el PCV sobre la necesidad de establecer una alianza alternativa, marcando distancia del PSUV, para construir una nueva referencia revolucionaria que se ponga a la cabeza de las luchas obreras y populares. Creemos necesario partir de un profundo balance sobre el papel actual del gobierno bolivariano y los intereses que este representa. Pensamos que más allá de la posibilidad de establecer una alianza con fines electorales, destaca la necesidad de poner dichos instrumentos partidarios en consonancia con los ideales revolucionarios con que han sido fundados, acompañar al pueblo pobre en lucha por su dignidad para darle orientación política, preservando siempre pulcras las banderas del socialismo.

De esta manera, y al igual que lo hicimos en 2018 -previo a las elecciones presidenciales, emplazamos a los partidos PPT y PCV a que den un paso al frente, construyendo una alianza alternativa que dote a la izquierda de un verdadero referente revolucionario y que dispute la dirección de las masas al PSUV. Esta alianza debe proporcionar respuestas programáticas que partan de los problemas más acuciantes de la clase obrera y el pueblo en general, tendiendo puentes hacia las tareas históricas de la transición socialista. A la exigencia de salarios iguales a la canasta básica, servicios públicos de calidad y respeto a las libertades democráticas, se añaden los quehaceres de auto-organización obrera y popular, para acumular fuerzas, hacer que las masas recuperen la confianza en sí mismas y abrir la perspectiva futura de la toma de poder. Un gobierno revolucionario de los trabajadores es la única salida posible a la crisis actual que favorezca los intereses de las grandes mayorías.

A nuestro juicio, no se puede seguir brindando una cobertura de izquierda a la política nefasta que ejecuta el gobierno, en favor de la «burguesía revolucionaria» y con la cual se sepulta a la revolución bolivariana. Las masas trabajadoras y pobres protestan cotidianamente por los bajos salarios, las innumerables carencias en los servicios públicos y por la corrupción institucional sin límites. Es imperativo dotar a estas múltiples manifestaciones de dignidad popular de una clara respuesta política organizada. Es deber del PCV y PPT ponerse a la altura de la historia, desmarcándose de la nefasta política gubernamental, la cual amenaza con dejar un lastre que puede pesar generaciones a toda la izquierda, si esta sigue avalando practicas y concepciones que van en contravía de los auténticos principios revolucionarios.

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