¿Es suficiente la renta básica de emergencia?

El miércoles 12 de mayo, una parte de la oposición chilena formado por políticos del PS, PPD, RD y DC presentó al gobierno una propuesta formulada después de un “conclave” llevado a cabo el sábado recién pasado y una reunión posterior. El documento contiene sugerencias económicas para enfrentar la crisis económica y la pandemia. Forman parte del dialogo en base a “mínimos comunes” que está sosteniendo la centro-izquierda de la oposición y que es impulsada por la presidenta del senado, Yasna Provoste, entre otros. Uno de los puntos centrales es la implementación de una Renta Básica de Emergencia. La propuesta es definida en base a cuatro puntos: 1) que tenga carácter universal, es decir, la ayuda llegaría al 100% del Registro Social de Hogares (RSH), pero se excluiría a los hogares de ese grupo que tengan un ingreso mayor (décimo decil) a través de una comprobación con información de otros organismos; 2) suficiencia del monto o que se encuentre sobre la línea de la pobreza, pero que también considere otros gastos no esenciales y dependientes de cada hogar como endeudamiento, enfermedades o educación. Se propone que la Renta Básica de Emergencia sea el valor que resulta de aumentar al monto de la línea de la pobreza según el número de integrantes del hogar, más un 30%; 3) que la duración de la medida se ajuste a la existencia de la pandemia, es decir que sea prorrogable si la situación económica y sanitaria lo exige; y 4) que el pago de este beneficio sea simplificado, es decir, que la asignación sea automatizada y sin postulación. Además, el documento incluye otras medidas como un plan de recuperación para MiPymes y sectores postergados; el fortalecimiento de las medidas sanitarias (incluyendo la gratuidad del PCR) y la incorporación de Fuentes de Financiamiento para la emergencia y el mediano plazo. En este último punto, se tratan aspectos como reducir la evasión y elusión de impuestos, y la eliminación de ciertas exenciones tributarias.


El PC, un sector de Frente Amplio y la CUT, se restaron de la actividad y la tildaron de “cocina”, denunciando que no incluye el impuesto a los super ricos ni el royalty a la minería. Argumentan que esos proyectos son necesarios para fijar una renta básica universal y que prefieren mantener la discusión en el parlamento donde se debate sobre tales proyectos. La excepción fue Gabriel Boric, quien valoró el dialogo con el gobierno señalando que “llegue, que sea universal y que esté muy por sobre la línea de la pobreza para que efectivamente la gente se pueda quedar en casa”. Por su parte, la CUT, también rechazó el acuerdo declarando preocupación “porque se perdiera lo central, como un salario mínimo no inferior a $500.000; que se establezca una Renta Básica Universal para el 80% de la población, por un monto no inferior a 500 mil pesos; y que el Estado dicte políticas que permitan el control del precio de los alimentos, los enseres de aseo, de higiene y de la construcción”.

Pamela Jiles, quien lidera las encuestas presidenciales, se atribuyó la marginación del PC y el Frente amplio aludiendo a que esta se debió a la presión de sus seguidores: "Frente Amplio y Partido Comunistas cedieron en realidad a la presión de sus bases y de mis niet@s. Tuvieron q salirse de la “Cocina de Yasna” porque no se negocia con un asesino manchado con la sangre de mi pueblo que sufre. No aceptamos “acuerdo” a espaldas de la ciudadanía", señaló en su cuenta de Twitter.

Toda esta discusión se da en el contexto de un gobierno debilitado, que sufrió una derrota con el proyecto del tercer retiro del 10% y que no ha sido capaz de unir a su sector político en torno a su agenda. Sus propuestas van en el sentido de fortalecer el Ingreso Familiar de Emergencia, ampliado su cobertura al 100% del RSH. Esto ha sido tildado de insuficiente y focalizado, por los parlamentarios de oposición. En ese sentido el diputado democratacristiano (DC) Silver, señaló: “El IFE tal como explicamos antes no ha funcionado porque el monto no alcanza. Es un tercio de lo que estamos planteando. No basta con las maniobras comunicacionales que hace el Gobierno”. Además, el gobierno, ha amenazado con enviar al Tribunal Constitucional los proyectos en trámite legislativo de royalty minero e impuesto a los super ricos.

La realidad es que las condiciones económicas y sanitarias del a población trabajadora han empeorado enormemente desde el comienzo de la crisis y pandemia. El aumento de desempleo sumado a un aumento perceptible del costo de precios en alimentos y otros, es evidente. Sin considerar la cantidad de muertes ligadas al mal manejo de la pandemia.

 

La demanda Renta Basica de Emergencia

La renta básica de emergencia fue presentada en el parlamento por legisladores del PC, Frente Amplio y DC, y consiste en una renta que será calculada en sobre la línea de la pobreza ($176.201 por persona) fijada por el Ministerio de Desarrollo Social y es accesible a todas las personas que estén inscritas en el RSH. Esta, estará vigente mientras se mantenga la alerta sanitaria declarada por el gobierno, es decir, tendrá un carácter temporal. El costo de esta renta se obtendrá del Fondo de Emergencia Transitorio Covid-19 y, si es necesario más recursos, con transferencia de la Partida Presupuestaria del Tesoro Público. La idea es que los trabajadores no sigan utilizando sus fondos de pensiones para sobrellevar los efectos de la crisis.

La diferencia entre la oposición compuesta por el Frente Amplio, PC y parte de la DC y entre quienes están participando de las discusiones por Acuerdos Mínimos (PS y PPD) es que, estos últimos, no apoyan los proyectos de impuesto a los super ricos y del royalty minero.

La propuesta de renta básica de emergencia ha sido planteada como una forma de evitar que los trabajadores sigan ocupando sus fondos de pensiones para pagar los efectos de la pandemia o crisis y permitir que las medidas de confinamiento sean respetadas sin poner en riesgo la salud. En algunos sectores de la izquierda mas radical, se llega incluso a levantar la consigna “que la crisis la paguen los ricos”.

Pues lo cierto es que incluso de aprobarse la renta básica de emergencia los trabajadores seguirían necesitando recursos para sostenerse. Es verdad que el ocupar fondos destinados, en el discurso, a la vejez puede paliar los efectos de la coyuntura económica, pero no es una solución real y contundente a los problemas derivados de la crisis en curso, crisis que ha sido profundizada por el contexto de pandemia; pero frente a lo miserable de las pensiones en promedio no queda alternativa.

Pero, ante este escenario, cabe preguntarse si es posible frenar, mediante asignaciones de este tipo, y propuestas que afecten la tributación que las financian, los males que acarrean las crisis capitalistas. Porque lo que de verdad está en curso, a pesar del buen precio del cobre, es una crisis capitalista que parece no haber tocado fondo. Frente a la magnitud de esta crisis estas medidas pueden ser vistas como demandas reivindicativas mínimas, pero de ninguna manera plantean una solución de fondo a los problemas de la crisis.

La crisis de sobreproduccion consiste, básicamente, en que los capitalistas, presionados por la competencia, tienden a aumentar la producción por encima de la demanda; llega entonces un punto en que se abarrotan los mercados; caen los precios y las ganancias, se frena la acumulación y la producción, y aumenta el desempleo. Es la crisis, seguida de la depresión; a la que luego sigue la recuperación, la expansión, y una nueva crisis. Bajo este enfoque, una crisis es un fenómeno objetivo que significa una gigantesca desvalorización de los capitales, medios de producción parados, reducción en la inversión y crecimiento del desempleo. Esto significa, entre otras cosas, que no se pueden suprimir con tal o cual medida del Estado burgués. Durante las crisis el trabajo es fuertemente atacado. Las crisis actúan como enormes sistemas de disciplinamiento de la clase trabajadora. Las crisis aumentan la desocupación. La desocupación ata a la clase obrera al capital con cadenas invisibles, pero muy fuertes. El incremento del desempleo y la recesión quitan poder de negociación al trabajo. Esto es aprovechado por el capital para imponer nuevos ritmos de producción, incrementar el sobretrabajo de los que no son despedidos, y endurecer la disciplina en las empresas. Paralelamente los sindicatos pierden fuerza para reclamar por salarios. En una palabra, el capital busca desvalorizar a la fuerza de trabajo, y aumentar la producción de valor, para aumentar su rentabilidad.

En este contexto de creciente precarización laboral, los trabajadores no pueden darse el gusto de renunciar a sus trabajos, aunque esté en riesgo su salud, para recibir una renta que esté “sobre el límite de la pobreza”. Eso lo tienen muy claro los trabajadores, y ningún discurso reformista es suficiente para cambiar esta realidad.

A pesar de apoyar esta medida, reitero, como demanda reivindicativa mínima que permite sobrellevar, en parte, los males que tiene que enfrentar la clase obrera en este periodo, es preciso señalar los límites de la demanda.

Es que en última instancia este tipo de medidas, aunque sean arrancadas a la burguesía y su Estado, no atacan a la contradicción fundamental que subyace a la sociedad capitalista. Esta contradicción se trata de la contradicción capital-trabajo, y se expresa en este caso, en que lo que los recursos económicos asignados a la clase obrera como renta básica de emrgencia provienen de la explotación capitalista, es decir, son generadas por la explotación privada y la extracción de plusvalía a la clase obrera. Este valor generado por los trabajadores es recaudado por el Estado para distribuirlo, principalmente, en función de los intereses de la clase gobernante, o sea la burguesía. Aunque que se cambie, temporalmente, las pautas de distribución de los recursos, entregando dinero en forma de concesiones como la renta básica, no se altera un ápice la relación de explotación capitalista subyacente, es decir, solo se queda en las relaciones de distribución. Por eso es que la demanda de renta básica de emergencia no pasa de apelar al asistencialismo burgués y perpetúa la sujeción de los desposeídos a la clase capitalista y su Estado. Es decir, antes de “repartir la torta”, hay que preguntarse quiénes y cómo produjeron esa “torta”.

Además, es importante, dado el carácter limitado de la consigna, aclarar que esta nunca formó parte del programa socialista. En cambio, la consigna que impone la obligación de trabajar si figura en el Manifiesto Comunista, donde señala: “Trabajo obligatorio para todos, organización de ejércitos industriales, particularmente para la agricultura”. Es que esta demanda transitoria, que es imposible de conseguir bajo el gobierno de la burguesía y debería ser impuesta por los trabajadores en armas, plantea la posibilidad de prohibir que se pueda vivir del trabajo ajeno y abre la posibilidad de eliminar la contradicción entre los que tienen que trabajar demasiado y los ociosos. Esto es señalado por Marx en la Critica al Programa de Gotha, donde dice que la conclusión que debería figurar en el programa era que, “como el trabajo es la fuente de toda riqueza, nadie en la sociedad puede adquirir riqueza que no sea producto del trabajo. Si, por lo tanto, no trabaja él mismo, es que vive del trabajo ajeno y adquiere también su cultura a costa del trabajo de otros”.

En la CMI apoyamos la demanda de Renta Básica de Emergencia como una manera de ayudar a la clase obrera que es siempre la más golpeada por las crisis capitalistas. Pero advertimos que mientras los trabajadores no expropien a la burguesía y tome el poder político y económico en sus manos no habrá una solución definitiva. La única manera de evitar las crisis periódicas del capital es la eliminación de la propiedad privada, la abolición de la lógica de ganancia y la administración económica directa por parte de los productores.

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