Argentina: Balance del conflicto Gobierno vs Banco Central

Con la salida de Martín Redrado de la presidencia del Banco Central (BCRA) y su reemplazo por Mercedes Marcó del Pont se cierra la parte novelesca del primer conflicto político del año, ya sin el galán de jopo rubio monopolizando pantallas y tapas de diarios. Pero continúa la discusión original por el llamado Fondo del Bicentenario, con recursos judiciales por parte de gobierno y oposición y, en cuanto se reanuden las sesiones ordinarias en marzo, el debate parlamentario sobre el mismo. A la vez este conflicto permitió, incluso contra la voluntad de muchos de sus actores, la apertura de temas que no se cuestionaban, como la legitimidad de la deuda externa y la "autonomía" del BCRA. Se reafirma también el perfil del kirchnerismo, surgido como la salida ´democrática´ a la crisis de 2001-2002. También analizamos críticamente la actuación de los dirigentes de Proyecto Sur en este conflicto.

La eterna deuda externa otra vez en el centro de la escena

La propuesta del gobierno era crear un fondo (llamado del Bicentenario) con parte de las reservas del BCRA para mostrar voluntad y capacidad de pago a los acreedores externos y eventualmente utilizarlo para afrontar los vencimientos de este año. De esa manera (y con la cara de economistas ortodoxos como Redrado y el ministro Boudou) pensaba conseguir una tasa de interés más baja en el círculo interminable del endeudamiento externo. Ante los cuestionamientos por usar las reservas por parte de la oposición de derecha, envalentonada tras la rebelión de Redrado, se pensó en reemplazarlo a este por Mario Blejer (otra figura amigable con el capital financiero transnacional). Pero la dinámica política adquirida llevó a que luego de tres semanas de atrincheramiento del ex "golden boy" se eligiera a una economista "heterodoxa" para su reemplazo.

La oposición de derecha, fortalecida en el parlamento por las elecciones del año pasado, busca frenar la iniciativa del gobierno con el doble objetivo de congraciarse con el poder económico transnacional y para ir desgastando al kirchnerismo de cara a las presidenciales de 2011. No es que quiera dificultar el pago de la deuda externa sino que propone pagarla con recortes al "gasto" social y con ajustes presupuestarios.

Durante varios años el kirchnerismo fue aceptado a regañadientes por el poder económico, el gran capital nacional y extranjero, tras la profunda crisis política y social que tuvo como punto detonante el Argentinazo. Era una cara amable hacia las masas que a la vez que no cuestionaba la continuidad de los negocios capitalistas, pero tenía gestos hacia las masas movilizadas que podían en cualquier momento llegar a cuestionar la dominación de ese poder. Así fue caminando por una delgada línea entre asegurar grandes ganancias y hacer algunas concesiones a las masas, volver a pagar la deuda y permitir protestas, no tocar las privatizaciones y promover los convenios colectivos, conceder subsidios pero congelar tarifas, etc.

Pero el poder económico ha decidido, claramente desde el conflicto "del campo", que ya no quiere seguir concediendo nada y que prefiere reemplazar al kirchnerismo por un gobierno más dócil a sus requerimientos. Aunque esto puede ser hasta temerario desde el punto de vista capitalista ya que un gobierno de derecha corre el riesgo de reavivar una movilización social que está lejos de estar derrotada. Cualquier gobierno que apele al ajuste y a la represión será muy inestable.

El delicado equilibrio que vino manteniendo el kirchnerismo durante sus primeros años fue posible también por una serie de circunstancias internacionales favorables (dólar bajo, precios altísimos de exportaciones, etc.) que permitieron cierto crecimiento económico y la recuperación salarial, si bien desde el 2006 se observa un estancamiento e incluso pérdida en el poder adquisitivo de los trabajadores por la suba desbocada de los precios. El viento externo ya no es favorable a los "delicados equilibrios" y ante los primeros coletazos de la crisis debió extremar sus esfuerzos: aumentar subsidios para evitar despidos masivos, permitir aumentos de tarifas, apelar a los recursos fiscales y, ante la presión de la banca transnacional, prometer pago puntilloso y hasta adelantado de la deuda externa. Ese mismo carácter del kirchnerismo que fue su fortaleza en 2003, hoy, bajo una crisis que lleva a polarizaciones y no permite las medias tintas, es su debilidad.

Siempre sostuvimos que la deuda externa es ilegítima, fraudulenta y hasta ilegal. Y nos pronunciamos por su investigación y no pago. Fue contraída en gran proporción y aumentada varias veces por la dictadura militar. Parte de ella mediante la nacionalización de deuda empresarial privada, y luego nuevamente ante la denominada "pesificación asimétrica" (la compensación a los bancos por la devaluación del peso argentino y el abandono de la paridad con el dólar) [de Duhalde en 2002. Ha habido numerosas maniobras fraudulentas de supuestos endeudamientos de sucursales de empresas con sus propias casas matrices en el exterior. Y hasta la justicia ha demostrado su ilegalidad en el conocido "caso Olmos". Además, se ha pagado varias veces el monto del capital a través de intereses usurarios. A los grandes bancos acreedores les conviene mantener la deuda para cobrar fabulosos montos por intereses y para mantener la presión política sobre los gobiernos, mediante las auditorías y los consejos de que medidas son favorables (a sus intereses).

El gobierno lejos de romper con esta lógica, frente a los apuros de la crisis, busca reanudar el círculo perverso del endeudamiento. Conseguir préstamos para salir de apuros fiscales de nación y de las provincias y para ofrecer a las empresas créditos que luego deberá responder el estado.

La constitución del Fondo del Bicentenario con reservas del BCRA apunta a reconciliarse con el "mercado" financiero internacional. Constaría con unos 6.500 millones de dólares aparte de los 26 mil millones de pesos destinados en el presupuesto al pago de vencimientos durante 2010.

Esas reservas fueron conseguidas en base al tremendo sacrificio de los trabajadores a partir de la devaluación artificial de la moneda, que provocaron en parte el aumento de los productos de primera necesidad (fundamentalmente los exportables) mientras los salarios apenas comenzaban a recuperar poder adquisitivo. Por eso consideramos que los trabajadores son los que deben determinar el destino de esos fondos acumulados: pueden ser destinados a las necesidades más urgentes, jubilados, salud, educación, vivienda, a generar empleo mediante obras de infraestructura, etc.

El conflicto actual puso también en debate la "autonomía" del Banco Central. Esa supuesta autonomía, que es sólo autonomía del gobierno electo pero no de los dictados del mercado financiero transnacional, que pretende mediante ella tener otra base para incidir en la política económica interna.

Frente a la dureza de la oposición de derecha en los últimos conflictos el gobierno se ha mostrado asombrado ya que se considera que es el único que puede garantizar cierta estabilidad y control social para que los empresarios continúen sus negocios. Abandonado por los empresarios más ligados al poder transnacional, debe acentuar su perfil de árbitro entre clases, buscando apoyo en la dirigencia de la CGT y nombrando funcionarios como Marcó del Pont de perfil más estatista. Pero, por sus compromisos con la burguesía nacional y el imperialismo, no se le pasa por la cabeza la toma de medidas de fondo como podrían ser desconocer la deuda externa, recuperar los recursos naturales como el petróleo, o controlar férreamente la banca y el comercio exterior.

La incomprensión de este carácter contradictorio del kirchnerismo ha llevado a numerosos grupos de izquierda y centro izquierda a ver un solo bloque de derecha sin matices, o a considerar peor al kirchnerismo que a la derecha porque ¨engaña¨ a los trabajadores.

La política de Proyecto Sur: aciertos y errores

El gran mérito de Proyecto Sur consiste en ser la fuerza que reinstaló socialmente el cuestionamiento de la deuda externa. También criticó la ¨autonomía¨ del BCRA y propuso la posibilidad de utilizar las reservas para obras de infraestructura (como recuperar la red ferroviaria nacional) y generar empleo.

Pero las denuncias y recursos judiciales interpuestos contra el gobierno y la propuesta de que el congreso bloquee la prerrogativa presidencial del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) son errores en varios planos. Por un lado hace aparecer a Proyecto Sur indiferenciado de la oposición de derecha. Y el peligro es que este tipo de gestos e iniciativas políticas de Proyecto Sur, donde la crítica al kirchnerismo aparece más fuerte que a la oposición de derecha (cuya alternativa política es todavía más reaccionaria) pueda crear confusión y alejar a una capa de trabajadores y jóvenes que recién se acercan al movimiento. Por otro lado, se pueden generar ilusiones en las instituciones judiciales y en el parlamento que son el corazón del podrido sistema político que se debe cambiar.

Como se mostró claramente en los procesos latinoamericanos que van avanzando en Venezuela, Ecuador y Bolivia, las masas trabajadoras están tratando de reemplazar las viejas instituciones estatales, o las nuevas que se construyeron con el molde de las antiguas, por organismos de democracia directa, como asambleas populares, consejos comunales, elección popular de jueces, etc., incluso modificando la constitución y leyes fundamentales.

Además hay una cuestión de táctica, de oportunidad para obtener buenos resultados. Ya hay un rechazo judicial a una de las presentaciones de Proyecto Sur contra el pago a los bonistas que rechazaron la quita y ahora podrían ingresar al canje por otros títulos. Está el riesgo que el congreso con su actual conformación legitime, a partir de nuestra iniciativa, a la fraudulenta deuda externa.

En vez de confiar en este Estado, Proyecto Sur debe plantearse un camino ciertamente más complejo pero el único capaz de llevar a una transformación profunda como la planteada en las llamadas Cinco Causas que conforman la declaración de principios de Proyecto Sur (recuperación de los recursos naturales y empresas privatizadas, democratizar la vida social, justicia social, desarrollo tecnológico y cultural, integración latinoamericana, etc). Crear nuevas formas de organización y participación popular con centro en los trabajadores. Para eso es necesario abandonar el acercamiento a las fuerzas reformistas que confían en las instituciones actuales (como el PS de Binner) y a otras auspiciadas por políticos aventureros (Luis Juez) e incluso burgueses (como el GEN de Margarita Stolbizer), que estuvieron hasta ahora a la derecha del kirchnerismo; y vincularse a los grupos sociales movilizados y trasformadores como los que participan en la Constituyente Social (impulsada por la CTA y decenas de organizaciones populares).

Lo que Proyecto Sur debería hacer es proponer a la CTA, e incluso a la CGT, y al conjunto del movimiento popular el lanzamiento de una gran campaña nacional de concientización y movilización contra la deuda externa y la formación de un fondo de desarrollo para atender las necesidades populares.

Avanzar en la construcción de una herramienta política de masas

Para poder llevar adelante un programa de como el que venimos planteando desde la Corriente Socialista El Militante, es necesaria una herramienta política de masas con eje en las organizaciones obreras y sociales. Hace falta un amplio movimiento de masas si queremos nacionalizar las palancas fundamentales de la economía, recuperar los recursos naturales y empresas privatizadas, estatizar latifundios, la banca y el comercio exterior; democratizar la sociedad mediante nuevas formas de participación que reemplacen al corrupto sistema actual; y vincularnos al proceso revolucionario latinoamericano: Cuba, Venezuela, Bolivia, Ecuador...

Hace falta ligarse a los sectores que pueden movilizar masivamente en defensa de sus derechos y por una sociedad igualitaria, que es la única forma de enfrentar los poderosos intereses que oponen a los cambios.

Muchos de esos sectores sociales y sindicales vienen protagonizando un proceso de unidad muy importante en sus diferentes espacios de expresión: como el proceso incipiente de formación de una nueva camada de sindicatos y activistas sindicales antiburocráticos, alrededor de la CTA y dentro de la CGT; en las luchas vecinales por el mejoramiento de los barrios; en la movilización popular contra las políticas represivas de la policía y los gobiernos de turno, en la lucha contra la depredación de las transnacionales mineras y el cultivo sojero, y por un medio ambiente sano; en las luchas de la juventud por educación y un ocio sano y no alienante, etc. Algunos se han expresado electoralmente a través de Proyecto Sur en los distritos en que fue posible presentarse.

Más que crear expectativas en figuras de políticos de dudoso compromiso transformador es necesario avanzar en la construcción de esa herramienta política de masas, partiendo de Proyecto Sur y de los sectores que participan en la Constituyente Social que también apuesta a la formación de un movimiento político de masas, con eje en los trabajadores y con una organización interna democrática, y de paso derrotar las maniobras proscriptivas del bipartidismo.