A las 8 de la mañana del pasado miércoles 17 de febrero agencias de prensa bolivianas como la Red ERBOL anunciaban el ingreso del fiscal en el Alto Mando de las FFAA para investigar los archivos secretos de la dictadura. Se trataba de la aplicación de una resolución ministerial (0316 del 2009) que tiene como objetivo facilitar el acceso a familiares de las víctimas, autoridades que investigan el caso y personas que demuestren su interés legítimo para acceder a la información militar. Una hora y media después la noticia que el Comandante en Jefe del Alto Mando Militar ha negado el acceso al fiscal y a la Defensora del Pueblo. Anuncian que ellos mismos, los mandos militares, entregaran la información. Hoy (23/2) la noticia que los archivos serán filtrados y no serán hechos públicos. Un balde de agua fría para los familiares de la victimas y el pueblo boliviano que espera desde hace 40 años justicia.

Hemos recibido esta denuncia de activistas hondureños del FNRP contra la represión del gobierno de Porfirio Lobo, quien fue puesto en el gobierno por unas elecciones fraudulentas organizadas por los golpistas y donde las masas mostraron su rechazo con una abstención enorme pese a las presiones enormes por parte del gobierno de Micheletti. Esta actitud represiva del gobierno de Porfirio Lobo echa abajo la careta democrática que quiere presumir. La CMI declara su profunda solidaridad con los jóvenes y trabajadores hondureños que están sufriendo de persecución, represión e incluso asesinatos.

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