¿Los boicots, desinversiones y sanciones derrocaron el régimen del apartheid en Sudáfrica?

Hay muchas personas sinceras en occidente que se orientan hacia la campaña BDS (Boicot, Desinversión Sanciones) como una manera ‘práctica’ de mostrar solidaridad con Palestina. BDS exige el aislamiento cultural y económico de Israel para atacar los bolsillos de los sionistas. Sus activistas suelen usar el ejemplo del régimen racista del Apartheid en Sudáfrica, el cual, ellos dicen, fue derrocado en gran parte por las sanciones y la presión por parte de la ‘comunidad internacional’. Pero, ¿es realmente el caso?

 La teoría es que una combinación de boicot de consumo de productos israelíes, la retirada de inversiones en Israel por parte de occidente y la inanición cultural de Israel por parte de artistas e instituciones académicas obligará a Israel a retirar a sus colonos ilegales de Cisjordania, a poner fin a sus bombardeos sobre la Franja de Gaza, a retroceder a las fronteras de 1967 o a disolver su propio Estado, según a cuál de los boicoteadores se pregunte. En todos los casos, el objetivo declarado es acabar con el apartheid para los árabes y conseguir una patria para los palestinos utilizando estos métodos.

Como escribe Omar Barghouti, cofundador de BDS:

"Esta referencia [a Sudáfrica] no es casual ni retórica. Surge de las muchas similitudes entre los dos casos de opresión colonial... y pretende subrayar la eficacia y la inatacabilidad moral de utilizar el boicot en la esfera cultural para resistir a un orden opresivo persistente que goza de impunidad y amplia complicidad por parte de las potencias de todo el mundo y para aumentar el aislamiento de los regímenes opresivos, como el de Israel".

Simpatizamos con todos los trabajadores y jóvenes que están correctamente horrorizados por la terrible situacion del pueblo palestino, y los mueve una necesidad urgente por ‘hacer algo’. Pero los hechos son tozudos. Debemos preguntarnos: ¿cuál era la relación entre Occidente y el régimen sudafricano durante la época del apartheid? ¿Cuáles fueron las condiciones que condujeron a las sanciones? Y lo que es más importante, ¿las sanciones condujeron realmente al derrocamiento del régimen del Apartheid?

Esto no es solamente un ejercicio intelectual: es importante que los trabajadores y la juventud alrededor del mundo adopten tácticas que realmente pueden lograr cambio y que no se pierdan en callejones sin salida. 

La actitud de Occidente hacia el Apartheid en Sudáfrica

Durante la mayor parte de su historia, la relación entre el régimen de Apartheid y Occidente era abierta y de ‘cooperación mutua’, como lo describió el Departamento de Estado de EE.UU. En este caso, ¡la situación se parecía a la relación de occidente con Israel hoy!

Para países como EE.UU. y Gran Bretaña, el régimen de Apartheid fue un aliado estratégico importante durante la Guerra Fría. Desde 1945 hasta los años 80, el gobierno en Pretoria demostró ser un confiable enemigo del “Comunismo”. Con la revolución colonial que barrió el continente africano, muchas antiguas colonias independientes de África pasaron de la esfera de influencia occidental a un estatus de no alineadas, mientras que otras quedaron bajo la influencia de la Unión Soviética. En cambio, Sudáfrica se mantuvo firme como puesto avanzado del sistema capitalista, enemigo del comunismo y firme aliado de Occidente.

Por otra parte, los países imperialistas consideraban al Congreso Nacional Africano (ANC) y otros movimientos de liberación como organizaciones terroristas. A pesar de ser santificado como pacifista hoy, el mismo Nelson Mandela fue arrestado el 5 de agosto de 1962 por la policía Sudafricana… ¡basados en inteligencia de la CIA! Fue incluido en la lista de vigilancia terrorista del Departamento de Estado de Estados Unidos y no fue retirado de ella hasta 2008: 18 años después de salir de la cárcel. Occidente también consideraba a Sudáfrica un importante mercado para los productos occidentales y un puesto avanzado de la civilización occidental en el continente "oscuro". A su vez, el régimen proporcionaba a Occidente oro, carbón y otros minerales importantes procedentes de las ricas reservas del país.

Todas las principales políticas y leyes que constituyen la espina dorsal del Apartheid se aplicaron inmediatamente después de que el Partido Nacional llegara al poder en 1948. Algunas de las principales leyes que formaron el marco legal del apartheid se aprobaron y aplicaron en la década de 1950: la Ley de Zonas Agrupadas, la Ley de Prohibición de Matrimonios Mixtos, la Ley de Supresión del Comunismo, la Ley de Asambleas y disturbios, la Ley de Enmienda de la Inmoralidad, la Ley de Registro de Población, la Ley de Reserva de Servicios Separados y docenas más. El régimen aplicó despiadadamente todas estas leyes durante casi cuatro décadas, mientras los llamados "países democráticos" occidentales toleraban e incluso apuntalaban esta dictadura racista. Cabe mencionar a las empresas multinacionales occidentales, que se beneficiaron enormemente de la superexplotación de la clase trabajadora negra sudafricana.

La ONU acabó aprobando un embargo de armas contra el gobierno del apartheid en los años sesenta. Pero se trataba de la típica resolución "voluntaria" desdentada a la que nadie prestó atención. Hasta 1986 no se declararon sanciones comerciales y económicas multilaterales. Esto no tuvo nada que ver con "preocupación por los derechos humanos". Tampoco fue que de repente hubieran "descubierto" las atrocidades que el régimen del Apartheid había cometido durante décadas. Más bien, se hizo para intentar cortar el movimiento revolucionario de masas que había estallado en Sudáfrica a mediados de los años ochenta y que había empezado a amenazar los cimientos del capitalismo sudafricano.

Como vamos a demostrar, el objetivo era presionar a la facción de línea dura del régimen hacia un acuerdo con el ANC y el movimiento de liberación desde arriba, por miedo a que una revolución desde abajo derrocara el sistema . Pero, ¿qué tan efectivas fueron las sanciones, aún para este fin?

La falacia de las sanciones

Las sanciones económicas y comerciales que se aplicaron a mediados de la década de 1980 tuvieron en realidad un impacto económico muy limitado sobre el régimen. El declive económico de la década de 1980 fue anterior a las sanciones, y la verdadera causa fue la crisis de la deuda externa de Sudáfrica. Como consecuencia de la crisis económica mundial que comenzó en la década de 1970, muchos países entablaron negociaciones sobre las deudas pendientes para renegociar las condiciones con los banqueros, entre ellos Sudáfrica.

En 1985, el gobierno respondió a la crisis declarando una moratoria de todos los pagos de la deuda a corto plazo. Poco después, el Chase Manhattan Bank declaró que no renovaría sus préstamos a corto plazo, lo que desencadenó una crisis de liquidez a la que siguieron otros prestamistas. Todo ello precedió a las sanciones económicas multilaterales. Aunque las empresas extranjeras que hacían negocios en Sudáfrica experimentaron sin duda presiones en sus países de origen para desinvertir, esto no entraba en los cálculos de los banqueros. Un ejecutivo de Chase explicó la retirada de su empresa diciendo:

"Consideramos que el riesgo asociado a la agitación política y la inestabilidad económica era demasiado alto para nuestros inversores. Decidimos retirarnos. Nunca fue nuestra intención facilitar el cambio en Sudáfrica, la decisión se tomó exclusivamente por el interés de Chase y de sus activos" (nuestro énfasis).

En septiembre de 1985, la Comunidad Económica Europea impuso a Sudáfrica una serie de sanciones comerciales y financieras muy limitadas, y los países de la Commonwealth adoptaron medidas similares en octubre de ese mismo año. La CEE prohibió las importaciones de hierro, acero y monedas de oro, así como las nuevas inversiones en Sudáfrica. Lo más importante es que no ampliaron esta prohibición a las exportaciones sudafricanas más importantes, como el carbón, los diamantes u otras formas de oro. Japón aprobó sanciones similares poco después, aunque omitiendo el mineral de hierro.

En Estados Unidos se produjo una división abierta en la clase dirigente sobre este asunto. El Congreso aprobó la Ley Integral Antiapartheid en 1986. El Presidente Reagan vetó la ley, pero su veto fue anulado en octubre. Cuando la Cámara de Representantes presentó su legislación sobre sanciones en 1985, Chester Crocker, el secretario adjunto, la calificó de "camino de locura". Consideraba que el Congreso estaba "arrojando cerillas descuidadamente a una situación ya explosiva y volátil". En su lugar, abogó por un mayor compromiso económico con el régimen del Apartheid, declarando: "Los estadounidenses somos constructores, no destructores." La administración razonó que la imposición de sanciones sólo sería una muestra de la "impotencia" de Estados Unidos, en el sentido de que tales medidas sólo podrían "erosionar nuestra influencia con aquellos a los que pretendemos persuadir."

Desde 1973 y la Ley de Poderes de Guerra, el Congreso estadounidense no había anulado un veto presidencial sobre un asunto de política exterior, y el presidente había sido rechazado tan completamente en este ámbito. Era una medida de la seriedad que había adquirido para Estados Unidos la cuestión de Sudáfrica. Un elemento importante de la estrategia de "compromiso constructivo" de la administración Reagan consistió en que Washington DC defendiera a las empresas multinacionales que decidieron permanecer en Sudáfrica.

La Casa Blanca desempeñó un papel decisivo, por ejemplo, en la creación del US Corporate Council on South Africa. Este organismo animaba a las instituciones estadounidenses que operaban en Sudáfrica a dar la cara y hacer pública su labor positiva en la lucha contra el apartheid. Esto demostraría que existía una alternativa a las sanciones económicas. En las Naciones Unidas, el gobierno estadounidense, junto con Gran Bretaña, utilizó su derecho de veto en el Consejo de Seguridad en cuatro ocasiones durante este periodo para impedir que se impusieran sanciones económicas.

Esta división en el gobierno estadounidense hizo que las sanciones no se aplicaran con rigor. La Ley Anti Integral Apartheid restringía los préstamos a Sudáfrica e impuso prohibiciones a la importación de hierro, acero, carbón, uranio, textiles y productos agrícolas. Sin embargo, se omitieron los materiales estratégicos, los diamantes y la mayoría de las formas de oro. Por lo tanto, el impacto directo de estas sanciones comerciales fue limitado.

Las cifras lo demuestran claramente. En las décadas anteriores a 1974, el PIB real de Sudáfrica creció una media del 4,9% anual. De 1974 a 1987, la crecimiento fue del 1,8% anual (sobre todo a causa de la crisis general, como ya hemos explicado). Inmediatamente después de las sanciones, el crecimiento del PIB se aceleró. Fue del 0,5% en 1986, del 2,6% en 1987 y del 3,2% en 1988. Sudáfrica desarrolló amplias medidas para eludir las sanciones, aunque a veces implicaban una costosa sustitución de importaciones. Sudáfrica también pudo evitar las sanciones a través de países que no participaban en los embargos. De hecho, de 1985 a 1989, ¡los volúmenes de exportación aumentaron un 26%!

La campaña de desinversión, que consistió en gran medida en presiones privadas pero también incluyó cierta participación del gobierno, fue en realidad más costosa para las empresas extranjeras que se retiraron que para el régimen. Para eludir la campaña, muchas de las empresas que desinvirtieron simplemente vendieron sus activos a bajo precio a empresarios blancos locales, pero mantuvieron vínculos no patrimoniales como franquicias, licencias y acuerdos tecnológicos que les permitieron seguir operando. Además, en septiembre de 1985, Sudáfrica introdujo un régimen de doble tipo de cambio para desalentar la desinversión, en virtud del cual las empresas que deseaban repatriar sus activos lo hacían al tipo de cambio del "rand financiero", con un descuento del 40% sobre el tipo de cambio comercial.

Aunque el coste de las sanciones comerciales, del 0,5% del PNB, no es trivial, tampoco fue lo suficientemente grande como para ser decisivo. Además, los capitalistas blancos locales se beneficiaron a menudo de las desinversiones a precios de liquidación y los obreros negros se vieron perjudicados por la pérdida de puestos de trabajo. A pesar de estas sanciones, el régimen del apartheid se mantuvo en el poder. Aunque está claro que las sanciones tuvieron un impacto psicológico, no fue ni mucho menos suficiente para inclinar la balanza. La situación sólo cambió cualitativamente cuando la clase obrera sudafricana entró en escena.

De reforma a revolución

Durante la década de 1960, el mayor auge económico de la historia de Sudáfrica (basado en la subida de los precios del petróleo y en la horrenda explotación de la clase trabajadora negra mayoritaria) dio lugar a tasas de crecimiento que igualaron a las de Japón. La revista Fortune escribió: "Sudáfrica es uno de esos raros y refrescantes lugares donde los beneficios son grandes y los problemas pequeños. El capital no se ve amenazado por la inestabilidad política o la nacionalización. La mano de obra es barata, el mercado está en auge, la moneda es fuerte...". Esta era la verdadera actitud de los capitalistas en Occidente.

Sin embargo, a principios de los años 70, la economía sudafricana inició un largo proceso de declive. Tras la recesión mundial y la crisis de los precios del petróleo, la economía sudafricana entró en un periodo sostenido de crisis. La recesión trajo consigo un aumento del desempleo y la inflación minó los salarios. Estas condiciones provocaron un aumento espectacular de las huelgas y la combatividad de la clase obrera. La calma represiva de los años sesenta se rompió cuando los trabajadores de los años setenta empezaron a organizarse y a plantear reivindicaciones. Así surgió un movimiento sindical de masas. A finales de los setenta y principios de los ochenta, el suelo empezó a temblar bajo los pies del régimen.

Las contradicciones del apartheid empezaron a manifestarse y el gobierno de la minoría blanca entró en una crisis profunda. Las revueltas de Soweto, protagonizadas por estudiantes negros de primaria y secundaria el 16 de junio de 1976, hicieron añicos el mito de la invencibilidad del Estado del apartheid. El Estado respondió matando a casi mil personas durante 1976/1977. En octubre de 1977, el gobierno prohibió 18 organizaciones y reprimió a los medios de comunicación. El líder de la Conciencia Negra Steve Biko fue asesinado mientras estaba detenido. Pero la represión de la revuelta no pudo ocultar la crisis y demostró la imposibilidad de que el régimen siguiera gobernando a la vieja usanza.

Hubo otros factores, además de la crisis del petróleo, que se combinaron para frenar el ritmo de expansión. Las distorsiones del mercado laboral inherentes al sistema del apartheid se hicieron evidentes para las grandes empresas. Los negros constituían la mayoría de la población, pero se les restringían los desplazamientos y los puestos de trabajo que podían ocupar.

Uno de los objetivos del sistema del Apartheid era mantener a los negros viviendo en zonas separadas de los blancos. Sin embargo, a medida que se desarrollaba la economía sudafricana, las restricciones laborales se convirtieron en un obstáculo para el funcionamiento del sistema en su conjunto. Se necesitaba un aumento sustancial de trabajadores cualificados. Un sector manufacturero en expansión creó una demanda de trabajadores adicionales en las ciudades, al mismo tiempo que un objetivo central del Apartheid era mantener a los negros fuera de las ciudades y en bantustanes separados.

Como consecuencia del auge, en la década de 1960, el peso del nacionalismo pequeñoburgués afrikáner había disminuido en favor de las grandes empresas, que ahora empujaban al gobierno en la dirección de las reformas para superar la crisis. Tras los levantamientos de Soweto, las grandes empresas vieron claramente que los objetivos de la oposición negra iban mucho más allá de las protestas contra las políticas de discriminación racial del Apartheid. Liderados por la clase obrera emergente, ahora desafiaban a todo el sistema económico, basado en la mano de obra barata negra, que sustentaba el Apartheid. Las grandes empresas respondieron lanzando la Urban Foundation, un gran proyecto destinado a mejorar las condiciones de vida en las barriadas negras.

Tras las reformas económicas, el gobierno promulgó una nueva constitución que establecía sus planes de reforma política en 1983. La constitución preveía una nueva constitución tricameral con cámaras separadas para los coloureds [clasificación jurídica de la época: personas no blancas que no eran indígenas africanos], los indios y los blancos, y un nuevo estado ejecutivo, dotado de amplios poderes.

Esta constitución se basaba firmemente en el sistema del Apartheid, con mayorías garantizadas para los blancos en los órganos que elaboraban la legislación. La constitución también excluía por completo a la mayoría africana. Los africanos no eran considerados parte de Sudáfrica. Más bien se les consideraba ciudadanos de los bantustanes, gobernados por aliados despiadados y corruptos del Estado del Apartheid. Las llamadas "reformas" no constituían reforma alguna. Simplemente racionalizaron la dominación y el control blancos. Fue un intento de contener la aspiración política de la mayoría negra sembrando más divisiones entre ellos. Las principales organizaciones de la clase trabajadora negra y los sindicatos se movilizaron para boicotear el parlamento tricameral y la nueva constitución.

Pompa y circunstancia, ¡y revolución!

Suele ocurrir que el momento más peligroso para una dictadura es cuando levanta la bota y empieza a reformar. Mientras el gobierno trabajaba en su proyecto de reforma, una creciente combatividad se organizaba en las comunidades obreras de todo el país. El rasgo más significativo fue el rápido crecimiento de los sindicatos que impulsados desde la base, en 1981 se embarcaron en conversaciones de unidad para crear una federación nacional. El resultado fue la formación del Consejo Nacional de Sindicatos (NACTU), que posteriormente se disolvió y fue sustituido por la formación del poderoso Congreso de Sindicatos Sudafricanos (COSATU) de masas en 1985.

El 2 de noviembre de 1982, un referéndum sólo para blancos refrendó la nueva constitución. En respuesta, la oposición negra, liderada por la clase obrera, comenzó a movilizarse contra las "reformas" simuladas y la nueva constitución. Estas organizaciones empezaron a organizar con éxito boicots, marchas y manifestaciones contra la ratificación de la constitución. El objetivo no era sólo expresar la oposición a la Constitución, sino movilizarse y organizarse contra el régimen. Se organizaron grandes concentraciones y se consiguió movilizar a los votantes indios y de color para que boicotearan el parlamento tricameral. Sólo el 18% de los votantes indios y el 21% de los de color acudieron a las urnas el día de las elecciones. Fue un claro rechazo a las falsas reformas del gobierno.

El 3 de septiembre de 1984, el parlamento tricameral fue presentado con pompa y circunstancia por el presidente PW Botha. Ese mismo día estallaron movilizaciones masivas en el llamado triángulo del Vaal, el corazón industrial del país. Jóvenes combativos se enfrentaron a las fuerzas de seguridad en batallas abiertas. Pronto, un huracán de movilizaciones revolucionarias de masas se extendió por todo el país. Las estructuras existentes de la UDF (Unión de Fuerzas Democráticas) ya no podían seguir el ritmo de la rápida movilización. Al mismo tiempo, un claro salto en la conciencia de las masas superó a la dirección oficial. Estas revueltas dieron paso a un periodo en el que las campañas populares se convirtieron en un movimiento revolucionario de masas que sacudiría el capitalismo sudafricano durante más de una década.

A principios de 1985, Sudáfrica estaba inmersa en un movimiento revolucionario de masas. Los townships (barriadas obreras) estaban en insurrección abierta. El movimiento juvenil puso en marcha a la clase obrera. El país se vio sacudido por oleadas de huelgas cuando los trabajadores empezaron a liderar la lucha. Una huelga general de dos días paralizó el país cuando se inauguró el parlamento tricameral. La huelga hizo temblar a las grandes empresas, agitando el espectro de una huelga general. En marzo de 1985, se produjeron huelgas aún más exitosas en Port Elizabeth y Uitenhage, en el Cabo Oriental. Estas huelgas fueron apoyadas universalmente por los residentes de los municipios. El Cabo Oriental, con su poderosa industria automovilística, se convirtió en el nuevo centro de lucha. Las organizaciones comunitarias apoyaron a los sindicatos mediante boicots a las empresas blancas, que pronto condujeron a concesiones forzadas por parte de las autoridades locales y el Estado.

Soviets embrionarios y doble poder

El movimiento revolucionario en el Cabo Oriental pronto se convirtió en un movimiento nacional. En 1985, el país estaba inmerso en una insurrección abierta. El Estado del apartheid, con su programa de reformas hecho jirones, estaba contra las cuerdas. Incapaz de detener la insurrección, PW Botha declaró el estado de emergencia en julio de 1985 en 36 distritos. Prácticamente se declaró la ley marcial en estas zonas. Esto no hizo más que avivar el fuego.

El aparato estatal tenía dificultades para controlar la situación. Una de las principales razones era que el propio movimiento de masas estaba creando un poder alternativo que rivalizaba abiertamente con el Estado existente. Alister Sparks, un veterano corresponsal del London Observer de la época, dio un ejemplo gráfico de cómo se creó este poder alternativo en el Cabo Oriental:

“El Congreso de la Juventud de Port Elizabeth (PEYCO) se hizo efectivamente con el control de los municipios de Port Elizabeth y los gestionó como lo más parecido que tiene Sudáfrica a "zonas liberadas". Los concejales negros oficiales elegidos bajo el sistema del Apartheid se vieron obligados a dimitir o huir. Los policías negros se refugiaron en campamentos protegidos a las afueras de los municipios, los jóvenes negros abandonaron la escuela en protesta por lo que denominaban "educación de alcantarilla", y los comités de calle y de zona PEYCO ocuparon el vacío. Emitieron licencias comerciales y fijaron precios en las tiendas de propietarios negros; vigilaron las calles y crearon "tribunales populares" para juzgar a delincuentes comunes y a presuntos informadores criminales; y hablaron de crear "clases de educación popular en garajes y salones de iglesias"".

El movimiento revolucionario estaba creando sus propias estructuras, que expulsaban y sustituían al Estado oficial. Estas formas embrionarias de un poder alternativo -comités de calle, comités de zona, comités de autodefensa, etc.- surgieron por todo el país. A finales de 1985, de las más de 100 autoridades locales creadas por el gobierno, sólo quedaban unas pocas. En su lugar, los habitantes de los municipios empezaron a crear comités de base de calle y de zona. Esta fue la amenaza más grave, no sólo para el gobierno, sino para los cimientos del propio capitalismo sudafricano.

El gobierno fue incapaz de recuperar el control de los townships, a pesar del estado de emergencia. Desesperado, Botha declaró un segundo estado de emergencia, esta vez en todo el país. Dio a las fuerzas de seguridad el control total y el régimen recurrió al terror para intentar acabar con el movimiento revolucionario. Todos los días se informaba de atrocidades masivas cometidas por la policía y el ejército. Pero los funerales masivos que seguían a estas atrocidades sólo servían como mítines políticos para espolear el movimiento. Decenas de miles de personas acudían a esos funerales. En KwaThemba, 50.000 personas acudieron al funeral de cuatro estudiantes asesinados por la policía. En East London, Newsweek calculó una multitud de 70.000 personas. La policía intentó imponer restricciones al número de asistentes a los funerales, lo que fue abiertamente desafiado.

En 1986, las batallas entre las fuerzas de la revolución y la contrarrevolución se libraron en las calles de las principales ciudades. En el municipio de Alexandra, más de 20 personas murieron en febrero durante una semana de enfrentamientos con la policía. Una multitud de 40.000 personas se reunió para enterrar a los muertos y en las semanas siguientes la comunidad tomó el control de la zona. Ese mismo año, en una concentración de 45.000 personas, los residentes decidieron formar "unidades de autodefensa" para protegerse. Un testigo informó de que... "todo el mundo parece estar implicado como si fuera una especie de proyecto comunitario". Tal era el estado de ánimo de combatividad en todo el país.

La clase dominante se enfrentaba a una grave amenaza para su sistema en forma de revolución masiva de la clase trabajadora negra. El régimen corría el riesgo de ser derrocado por la fuerza, lo que obligó a la clase dominante a considerar otras medidas distintas de la brutal represión estatal para intentar contener a la clase obrera negra y evitar la revolución. Tan grave era la situación para el gobierno que Botha ofreció sin éxito la libertad condicional de Nelson Mandela ya en enero de 1985, con la condición de que renunciara a la "violencia" y a las "protestas violentas". Por supuesto, lo que quería decir era: impedir que el gobierno fuera derrocado en una revolución.

Incapaz de apagar las llamas de la revuelta, el gobierno levantó el estado de emergencia y abolió las leyes de salvoconducto, que en cualquier caso no podían aplicarse eficazmente. Pero esto no hizo más que animar a las fuerzas revolucionarias. El Primero de Mayo de 1986 fue testigo de la mayor huelga general de la historia del país. Se repitió unas semanas más tarde, el 16 de junio, para conmemorar el décimo aniversario de los levantamientos de Soweto. La iniciativa correspondió a la clase obrera revolucionaria negra. El movimiento de masas había "desbancado" al ANC. A nivel local, el Estado del apartheid prácticamente se había derrumbado.

De la revolución a la traición

El sector más inteligente de la clase dominante se dio cuenta de que, si no concedían reformas y entablaron negociaciones con los dirigentes del ANC y otros movimientos de liberación, todo su sistema estaba en peligro. Cuanto más tiempo permanecía en vigor el estado de excepción, más evidente se hacía su impotencia.

Éstas fueron las condiciones en las que los países imperialistas impusieron sanciones al régimen del apartheid, en un intento de aislar a la facción de línea dura de la clase dominante en torno a Botha. Como se ha señalado, no tuvieron mucho impacto en cualquier caso, pero su objetivo nunca fue ayudar a la clase obrera, que luchaba por el derrocamiento del régimen del Apartheid, sino precisamente cortar por lo sano la revolución y empujar al régimen a entablar negociaciones con el ANC y los dirigentes del movimiento de liberación. Una sensación de parálisis se apoderó del gobierno, preparando las condiciones para la destitución de Botha y su sustitución por F.W. De Klerk.

Fue a partir de este periodo cuando empezaron a celebrarse una serie de reuniones entre el ANC en el exilio y agrupaciones de la clase dominante sudafricana: un proceso sin precedentes, sobre todo porque el ANC estaba prohibido desde 1960 y tenía prohibida cualquier forma de organización dentro del país. En este proceso, grupos empresariales blancos, entre ellos destacados afrikaners y grandes empresarios, pero también representantes de organizaciones anti apartheid, iniciaron por primera vez contactos con el movimiento de liberación. Las reuniones condujeron a la disolución final de las formas de prohibición impuestas a los movimientos de liberación, así como a su regreso y a la celebración de elecciones democráticas en 1994.

Sin embargo, mientras se desarrollaban las conversaciones, la clase obrera intensificó sus movilizaciones. El 26 de julio de 1989, el Movimiento Democrático de Masas, el COSATU y el Frente Democrático Unido convocaron una Campaña Nacional de Desafío. La respuesta fue abrumadora en todo el país. Se invadieron las instalaciones de los blancos y las organizaciones prohibidas se declararon "no prohibidas", iniciando un periodo de desafío abierto y masivo a las leyes del apartheid. Una vez más, el aparentemente temible régimen se vio impotente para impedirlo.

A mediados de septiembre se celebraron marchas multitudinarias en Ciudad del Cabo, Johannesburgo y Pretoria, en las que los manifestantes enarbolaron abiertamente la bandera del ANC, que hasta entonces seguía siendo una organización prohibida. En ciudades más pequeñas, como Uitenhage, en el Cabo Oriental, una enorme marcha parecía empequeñecer a las de los centros más grandes. Este movimiento revolucionario de masas sembró el terror en el corazón mismo del régimen. El gobierno de F.W. de Klerk se dio cuenta de que el juego había terminado y decidió comprometerse plenamente en las negociaciones. Nelson Mandela fue liberado el 11 de febrero de 1990 gracias al movimiento revolucionario de la clase obrera.

El 10 de abril de 1993, Chris Hani, popular dirigente del Partido Comunista de Sudáfrica, fue asesinado por un inmigrante polaco anticomunista, con la ayuda de un nacionalista de extrema derecha. Durante más de 10 días, el movimiento de masas resultante suspendió el régimen en el aire. Pocos días después, una huelga general paralizó el país. Una manifestación masiva de cientos de miles de trabajadores paralizó Johannesburgo. Este movimiento tenía el potencial de barrer con todo el régimen, si los dirigentes del ANC hubieran apuntado en esa dirección. En lugar de ello, Nelson Mandela, apareciendo en televisión y en los medios de comunicación, hizo un llamamiento a la calma:

"Esta noche me dirijo a todos y cada uno de los sudafricanos, blancos y negros, desde lo más profundo de mi ser. Un hombre blanco, lleno de prejuicios y odio, llegó a nuestro país y cometió un acto tan infame que toda nuestra nación se tambalea ahora al borde del desastre. Una mujer blanca, de origen afrikáner, arriesgó su vida para que podamos conocer, y llevar ante la justicia, a este asesino. El asesinato a sangre fría de Chris Hani ha conmocionado a todo el país y al mundo. ... Ahora es el momento de que todos los sudafricanos se unan contra quienes, desde cualquier lugar, desean destruir aquello por lo que Chris Hani dio su vida: la libertad de todos nosotros".

Nelson Mandela utilizó toda su autoridad para frenar el movimiento y reinició las negociaciones con el régimen. Junto con Cyril Ramaphosa, que dirigía entonces la delegación negociadora del ANC, aprovechó el momento para presionar a favor de una fecha para las elecciones. El Estado del apartheid fue sustituido de hecho por el Consejo Ejecutivo de Transición (CET), un órgano provisional compuesto por todas las partes del proceso de negociación. Este órgano dirigió el país hasta la celebración de elecciones el 27 de abril de 1994. La verdad es que, de haber existido una verdadera dirección bolchevique al frente del movimiento en esta etapa, las masas podrían haber tomado el poder.

El resultado de esas negociaciones fue que la riqueza económica permaneció intacta, mientras que el poder del Estado quedó en manos de las élites del ANC. Aunque el régimen del Apartheid fue formalmente derrocado, las condiciones de vida de las masas de población negra apenas han mejorado. La razón es el acuerdo negociado que se alcanzó entre el movimiento de liberación y el régimen del Apartheid en 1993, que dio lugar a que el poder estatal quedara en manos de la nueva élite negra, mientras que la economía seguiría en manos de la clase dirigente blanca tradicional. Desde entonces, parte de la élite negra se ha unido a la clase capitalista tradicional. Nada de esto ha mejorado la suerte de las masas sudafricanas, que siguen sufriendo una explotación y una discriminación brutales.

¿Qué hacer?

Hay muchas lecciones que aprender de la auténtica historia de la lucha contra el apartheid. La cierto es que el odiado régimen no fue derrocado por las sanciones internacionales y las desinversiones. Como hemos visto, éstas tuvieron un impacto mínimo sobre el régimen. Además, el objetivo de las sanciones internacionales nunca fue ayudar a los trabajadores de Sudáfrica en su lucha contra el Apartheid. Más bien, pretendía cortar el movimiento revolucionario presionando a Botha para que iniciara negociaciones, lo que salvaría al sistema de ser derrocado por medios revolucionarios.

La lección clave es que el golpe decisivo contra el régimen del Apartheid lo asestó un movimiento revolucionario de masas, dirigido por la clase obrera sudafricana. Además, el régimen posterior al apartheid que surgió -basado en el capitalismo, con el ANC convertido en el principal representante de la burguesía sudafricana- no hizo nada por elevar el nivel de vida de la población negra recién "liberada". Esta es también una lección importante para la lucha de liberación palestina. Una Palestina "libre", sobre una base capitalista, vería a los trabajadores palestinos dominados por las economías más fuertes de la región, y por el imperialismo en el extranjero, con una élite parasitaria local recogiendo las migajas de la mesa de sus amos.

Los comunistas estamos inequívocamente a favor de una patria para los palestinos, pero la verdadera libertad sólo puede venir sobre la base de una lucha revolucionaria por el socialismo, junto con los trabajadores y la juventud de todo Oriente Medio, para romper finalmente las garras del imperialismo, la opresión y el despotismo. Una lucha así nunca contaría con el apoyo de la llamada "comunidad internacional", ya que amenazaría los cimientos mismos del capitalismo en la región.

Esto no quiere decir que los palestinos deban luchar solos. A todos los trabajadores y jóvenes de Occidente les decimos: luchar contra la propia clase dominante es una contribución mucho mayor a la causa de la libertad palestina que cualquier número de boicots de consumo. No debemos hacernos ilusiones en tertulias inútiles como la ONU para pedir cuentas a Israel por sus crímenes, y mucho menos en nuestros propios gobiernos, que respaldan al régimen sionista hasta la médula. En lugar de eso, el movimiento obrero puede y debe utilizar su fuerza colectiva para aislar al Estado israelí con huelgas, bloqueos y boicots contra su maquinaria bélica. No debe permitirse que ni una sola tuerca, tornillo o perno salga de los puertos occidentales con destino a las armas utilizadas contra el pueblo palestino.

Más allá de eso, luchar por el socialismo en casa es la única manera de establecer regímenes que puedan apoyar a los palestinos, y a todos los pueblos oprimidos del mundo, sobre la base de una auténtica solidaridad.

Nosotros decimos: únete a los comunistas y lucha por el fin del sistema que mantiene a Palestina en la esclavitud. ¡Intifada hasta la victoria! ¡Revolución hasta la victoria!