|
“El
gobierno del pueblo, el gobierno de los trabajadores ha tomado la
medida más importante de este siglo: ésta es la primera
nacionalización del siglo XXI”, declaró Alvaro García
Linera el 1ro de Mayo en la Pza. Murillo.
En
medio de un festival por el día del trabajo en la Pza Murillo,
el vicepresidente Álvaro García linera –AGL- anunció
el Decreto Supremo N. 28701 de “nacionalización” de los
hidrocarburos. Luego, el presidente de la República desde la
ocupación cívico-militar de la planta de San Alberto
confirmaría las palabras de AGL y diría que, “aquellas
transnacionales que no piensan invertir en Bolivia, pues, que se
vayan”. Estas medidas reformistas han generado convulsión en
la política mundial. Si bien es cierto las tibias reformas
“nacionalistas” del MAS afectan los intereses de las
transnacionales, este DS de “nacionalización” en el fondo
refleja la presión de las masas de trabajadores y el proceso
revolucionario boliviano.
Una
“Nacionalización” a medias, como producto de la presión
de las masas
Es
así como el DS 28701, llamado “Héroes del
Chaco” operativiza la Ley 3058 (impulsada por la bancada del MAS el
año pasado), en su Art. 1 declara que,
“en ejercicio de la soberanía nacional, obedeciendo el
mandato del pueblo boliviano expresado en el Referéndum
vinculante del 18 de julio del 2004 y en aplicación estricta
de los preceptos constitucionales, se nacionalizan los recursos
naturales hidrocarburíferos del país”. Luego,
continua, “El Estado recupera la propiedad, la posesión y el
control total y absoluto de estos recursos”.
En su
inciso I dice que, “A partir del 1 de mayo del 2006, las empresas
petroleras que actualmente realizan actividades de producción
de gas y petróleo en el territorio nacional, están
obligadas a entregar en propiedad a Yacimientos Petrolíferos
Fiscales Bolivianos YPFB, toda la producción de
hidrocarburos”. En su inciso II declara, “YPFB, a nombre y en
representación del Estado, en ejercicio pleno de la propiedad
de todos los hidrocarburos producidos en el país, asume su
comercialización, definiendo las condiciones, volúmenes
y precios tanto para el mercado interno, como para la exportación
y la industrialización”.
En este
sentido el decreto transforma la figura de relación entre el
Estado boliviano y las petroleras. Reduce la participación de
éstas en el sector y establece que sean convertidas en
empresas de servicio, dejando de lado la vigencia del contrato de
riesgo compartido, establecidos como opción en la Ley 3058 de
Hidrocarburos.
Esta
“nacionalización” implica, además, la participación
de un rol protagónico del Estado, a partir de otorgar a YPFB
todas las prerrogativas para la administración del sector, en
toda la cadena de producción hidrocarburífera.
Incluyendo, a su vez, la transferencia a YPFB, a título
gratuito, de las acciones de los bolivianos que forman parte del
Fondo de Capitalización Colectiva (FCC).
Luego, en
el articulo 4 declara que, “Durante el período de
transición, para los campos cuya producción certificada
promedio de gas natural del año 2005 haya sido superior a los
100 millones de pies cúbicos diarios, el valor de la
producción se distribuirá de la siguiente forma: 82%
para el Estado (18% de regalías y participaciones, 32% de
Impuesto Directo a los Hidrocarburos IDH y 32% a través de una
participación adicional para YPFB), y 18% para las compañías
(que cubre costos de operación, amortización de
inversiones y utilidades)”.
De
esta manera, las entregas de gas hechas por las empresas que en 2005
hubiesen exportado volúmenes superiores a 100 millones de pies
cúbicos están sujetas a un nuevo régimen de
distribución donde el Estado recibe el 82% de esos volúmenes
durante un período de transición, mientras aquellas
cuya producción certificada sea menor a dicho volumen,
seguirán sujetas al sistema anterior.
El articulo
7 señala que, “El Estado, recupera su plena participación
en toda la cadena productiva del sector de hidrocarburos”...Se
nacionalizan las acciones necesarias para que YPFB controle como
mínimo el 50% más 1 en las empresas Chaco SA., Andina
SA., Transredes SA., Petrobrás Bolivia Refinación SA. y
Compañía Logística de Hidrocarburos de Bolivia
SA”.
”Se
supone que desde ahora los bolivianos no sólo son dueños
absolutos del gas bajo tierra, sino de toda la cadena productiva. La
comercialización del gas en cantidad, precio y volumen ya no
será definida por las empresas petroleras sino por YPFB”,
redacta Bolpress.com
Todos los
ductos que transportan gas, diesel y gasolina del territorio nacional
ahora son de propiedad mayoritaria de los bolivianos, es decir el 50
más uno o más.
Los campos
petroleros San Alberto y Sábalo generan el 70 por ciento de
gas que se vende al extranjero. Ahora deberán entregar el 82
por ciento del total de la producción para los bolivianos y el
18 por ciento para las empresas extranjeras. "Con Sánchez
de Lozada, con Banzer y (Tuto) Quiroga, era al revés, los
extranjeros se llevaban el 82 por ciento y el Estado se quedaba con
18 por ciento. Hoy la tortilla se ha volcado, el 82 por ciento es de
nosotros, esto generará para el Estado boliviano, para
nosotros, para nuestros hijos, para nuestros empleos 300 millones de
dólares adicionales en el siguiente año", dijo
García Linera.
El
presidente de YPFB, Jorge Alvarado, admitió ayer que el
decreto 28701 “evidentemente” se asienta en la Ley de
Hidrocarburos 3058 y, por eso, mal se puede decir que Bolivia está
tratando de imponer nuevas reglas a las empresas. De igual manera,
los ex titulares del Ministerio de Hidrocarburos y de la
Superintendencia del sector Mauricio Medinacelli y Carlos Miranda,
respectivamente, coincidieron en que la norma, en el fondo, lo único
que hace es dar las condiciones para la aplicación de la Ley
3058 (La Prensa, 03-05-06).
“En la ley se deja abierta la
posibilidad para que sea la empresa privada o la petrolera estatal la
que asuma la comercialización de los hidrocarburos. En cambio,
en el decreto se señala claramente que será YPFB la que
asuma esa función”.
Sobre la transferencia de los
paquetes accionarios, aseguró que el decreto supremo aclara
que YPFB tendrá el control de las acciones en las
capitalizadas a través de la “nacionalización”.
“Lo único
que el Gobierno está haciendo es aplicar la Ley 3058. No hay
ninguna nacionalización, es sólo un espectáculo,
un show para generar más votos para las elecciones de los
constituyentes”, declaro para La Prensa, Ronald Hurtado Paravicini,
abogado especializado en Derecho Petrolero. Luego, continua, “Se
puede hablar de nacionalización si es que el Estado se dedica
a la exploración y explotación, pero no puede hacer eso
porque no cuenta con los recursos y logística suficientes,
necesitaría la misma cantidad de dinero que la deuda externa y
es una actividad riesgosa porque si no encuentra nada en la
perforación del pozo entonces pierde todo”.
Es realidad
son dos las novedades del DS Héroes del Chaco. El primero se
refiere al aumento de los impuestos que va inyectar $780 millones y
el otro punto importante que permite al MAS obtener atributos para
poder controlar la producción, industrialización,
comercialización y distribución de los hidrocarburos.
Si bien es
cierto esta es una reforma mas tibia que las anteriores
nacionalizaciones donde se expropiaron a las transnacionales (como la
de 1932 o 1969), tampoco es muy ligth como auguraban los críticos
radicales. El
mandatario indígena optó por una decisión más
de izquierda.
Es
por esta razón que el vicepresidente declaro en su encendido
discurso que, “Esta decisión va a ser resistida por los
dinosaurios, por los que quieren seguir entregando a la patria, pero
por esta medida los bolivianos nos jugamos la vida; no vamos a
aceptar presiones de ningún traidor, de ninguna empresa, de
ningún país extranjero”.
Las
Trasnacionales responden con cautela
De
esta forma, AGL se adelanta a las posibles represalias de las
petroleras, apoyadas por sus gobiernos. Una de ellas es la brasileña
Petrobras (responsable del 20 por ciento del PBI boliviano) en un
contexto de conflicto con otra firma de ese origen: la metalúrgica
EBX, expulsada de territorio boliviano por “violar la Constitución
y las normas ambientales”. Ayer, la prensa boliviana informó
sobre un comunicado de Brasilia que señalaba que “la
delicada situación de las empresas brasileñas afincadas
en Bolivia debe resolverse mediante el diálogo”
(Bolpress.com).
Tras
la firma del Decreto Supremo, "Héroes del Chaco 28701"
que nacionaliza los hidrocarburos, las empresas petroleras que operan
en Bolivia y los gobiernos de sus países de origen reaccionan
con cautela ante la decisión asumida por el gobierno del
presidente Evo Morales.
Mediante un
comunicado, la empresa transnacional Transredes S.A. pidió al
presidente Evo Morales, “ser ecuánime con las empresas”
El
Ministerio de Asuntos Exteriores de España manifestó,
en un comunicado difundido hoy por la agencia EFE, su "más
profunda preocupación" ante el decreto supremo firmado
hoy por el presidente Morales, con el que se nacionaliza y otorga al
Estado el "control absoluto" de todos los hidrocarburos.
Desde el
ámbito del gobierno brasileño, el ministro de Minas y
Energía, Silas Rondeau, calificó de "inamistoso"
el decreto de Morales, aunque sostuvo que "por lo que se conoce
hasta ahora", la provisión de gas no sufrirá
alteraciones.
Pero no
solo las transnacionales están preocupadas sino también
sectores de la oligarquía boliviana.
La
burguesía tiene miedo
Es así
como, la Confederación de Empresarios Privados Bolivianos
exigió al gobierno que explique con más detalle los
alcances que tendrá el decreto 28701 de nacionalización
de los hidrocarburos.
Además,
l presidente de la patronal, Roberto Mustafa, indico que se desconoce
como piensa el Estado hacerse cargo de la exploración y
producción de los hidrocarburos y toda la cadena (La Prensa,
02-05-06).
Lo que
sucede es que estas reformas tibias amenazan los intereses de la
oligarquía. Ellos entienden que las nuevas prerrogativas que
el MAS le esta dando a YPFB fortalece al Estado t debilita al libre
mercado que ellos tanto aman. Pero, fundamentalmente, tienen miedo
porque comprenden que el proceso revolucionario tiene su propia
dinámica. Es decir que tienen preocupación porque estas
tibias reformas avancen a la nacionalización de la tierra, las
minas, etc. como acaba de declarar el co. Evo Morales al decir que,
“Esto es todavía el comienzo. A fines de mayo haremos
acuerdo para industrializar los recursos energéticos. (...) Si
estamos empezando a nacionalizar hidrocarburos, mañana pasado
será minería, los recursos forestales y todos los
recursos naturales".
Además,
temen las relaciones políticas del gobierno campesino con
Castro y Chávez.
Las
relaciones con Cuba y Venezuela
No
es casualidad que estas medidas se realicen después del arribo
de Evo Morales de La Habana, donde firmó la adhesión a
la Alternativa Bolivariana de las Américas (ALBA) con Hugo
Chávez y Fidel Castro –un proyecto anti-TLC– y declaró
ante la prensa que se trataba de “un gran encuentro de tres
generaciones, tres presidentes y tres revoluciones”.
Esto
en realidad marca una nueva situación política para
Bolivia definiéndose por un bloque de izquierda y
antiimperialista.
“Este
acercamiento al “eje bolivariano” es resistido por sectores
empresariales, que consideran que se trata de acuerdos políticos
sin beneficios para el sector privado local, y promueven la firma de
un TLC con Estados Unidos. Entre ellos milita parte de la dirigencia
de Santa Cruz donde, según una reciente encuesta de la firma
Apoyo, Opinión y Mercado, la imagen de Morales habría
caído un 25 por ciento y el comité cívico
prepara un paro para este jueves en reclamo de más ítem
de salud y educación y en defensa de la licitación de
la reserva de hierro de El Mutún”, escribe Pablo Stefanoni.
Esto
manifiesta una perspectiva de más polarización social y
conflicto.
Después
de la medida de “nacionalización”, el presidente del
Parlamento de Cuba, Ricardo Alarcón, pidió hoy a los
gobiernos progresistas de América Latina apoyar a Bolivia y
crear un "frente común antifascista”.
El
parlamentario estimó que el país andino está
"aún amenazado por la presencia de funcionarios,
militares, agentes antidrogas y miembros de las fuerzas armadas
estadounidenses", según la Agencia de Información
Nacional
La
“nacionalización” a medias es un paso adelante, pero
insuficiente, ¡Ahora hay que expropiar a las transnacionales y
ponerlas las palancas fundamentales de la economía bajo el
control de los trabajadores!
Este
medida política de Evo Morales es correcta, es un paso
adelante, pero insuficiente porque es una nacionalización a
medias. Es una nacionalización del 51%. Es decir que no es una
nacionalización total. Si nacionalizáramos
completamente los hidrocarburos podríamos tener $1600 millones
al año.
Mientras
las transnacionales mantengan en sus manos el 49% de las utilidades,
la tecnología, la administración, la infraestructura en
sus manos, pues, no podemos hablar de una verdadera nacionalización,
menos de soberanía. Además, no esta claro cual será
el nuevo modelo de contratos que hay que firmar con las
transnacionales.
La
única manera de poder resolver los problemas de desempleo,
pobreza e injusticia que padece nuestro pueblo boliviano es avanzando
en la expropiación a las transnacionales y la oligarquía
de las palancas fundamentales de la economía y ponerla bajo el
control democrático de los verdaderos dueños de este
país: Los trabajadores pobres.
La
Paz-Bolivia, 3 de mayo del 2006
|