Jordi Martorell
Después
de una semana de protestas de masas y enfrentamientos con la policía en todo el
sur del Perú, el gobierno de Toledo se ha visto obligado a retirar sus planes
de privatización de dos empresas eléctricas -Egasa
y Egasur-, y ha tenido que pedir disculpas a la
población de Arequipa, la ciudad que se ha convertido en el centro de las
protestas.
Esta oleada de protestas estalló el jueves 13 de junio, el día antes de la adjudicación de la concesión de las dos empresas eléctricas. La población de la región llevaba ya mucho tiempo protestando contra estos planes de privatización y el alcalde de Arequipa -Juan Manuel Guillén-, había conseguido un orden judicial de los tribunales contra estos planes basándose en que el gobierno regional es dueño de una parte de las empresas y no se le ha consultado. A pesar de todo, el gobierno de Toledo decidió seguir adelante y el Ministerio de Justicia incluso amenazó con llevar a los tribunales al juez que había fallado en contra acusándole de prevaricación.
Las protestas y huelgas de masas contra la privatización empezaron hace unos meses, pero el viernes 14 una concentración masiva de al menos 20.000 personas se acabó en violencia cuando la policía cargó contra la multitud. La furia de la población en Arequipa y otras regiones del sur se puede explicar fácilmente por varios factores.
Ante todo, el propio Toledo durante demagógica y populista campaña electoral había prometido -incluso firmó una declaración escrita en Arequipa ante la Federación Regional de Trabajadores- no privatizar Egasa y Egasur. Con estas promesas consiguió aproximadamente el 75 por ciento de los votos en Arequipa, que es la segunda ciudad más grande del país con unos 2 millones de habitantes. Además, los planes de privatización incluían el despido inmediato del 20 por ciento de la fuerza laboral, y no garantizaba el empleo del otro 80 por ciento.
Privatización = corrupción
Perú ya tiene una amplia experiencia de privatizaciones y el balance es un completo desastre, han provocado miles de despidos, corrupción y aumentos de las facturas. Durante la dictadura de Fujimori ya hubo un plan de privatizaciones masivas (promovidas por un acuerdo con el FMI) que permitió al estado conseguir 9.000 millones de dólares. De éstos, 1.800 millones fueron directamente a pagar la deuda externa y otra cantidad similar a contratos de compra de armas de dudosa transparencia, el resultado fue que la población nunca se benefició de estas privatizaciones.
La privatización de Egasa y Egasur también se ha caracterizado por acusaciones de corrupción. Debido a la extensión de las protestas que han tenido lugar durante meses, la mayoría de los pujantes se retiraron de la venta y finalmente sólo quedó uno: la compañía con sede en Bruselas Tractebel, una subsidiaria de la multinacional francesa Suez Lyonaise des Eaux. Suez ha sido una de las principales multinacionales del mundo que ha invertido en el agua y los servicios eléctricos que se han privatizado durante los últimos años bajo la presión del Banco Mundial y el FMI. El expediente de Tractebel y su casa matriz Suez, está lleno de acusaciones de corrupción y soborno para conseguir contratos en Kazajstán, Pakistán, Indonesia, Omán, Chile y Brasil, entre otros países. En Perú la empresa está acusada de dar una coima (soborno) 10 millones de dólares al antiguo dictador del país, Fujimori.
Algunos se preguntan si la razón por la que Tractebel mantuvo su oferta después de que se retiraran las otras empresas, no fue otra sino la garantía del gobierno de que la venta seguiría adelante independientemente de las protestas. Incluso el cuarto vicepresidente del gobierno -Javier Díez Canseco- dijo que el precio base de la venta, 177 millones de dólares, era ridículamente bajo. De acuerdo con sus datos, los activos fijos de las dos empresas valen al menos 340 millones de dólares y sólo Egasa tiene unos beneficios anuales de 80 millones de dólares. Por si esto fuera poco, ¡el precio final que el 14 de junio pagó Tractebel fue 10 millones de dólares inferior al precio base fijado por el gobierno!
Insurrección de masas
Por
todos estos motivos no es sorprendente que las protestas de masas en Arequipa se
volvieran muy violentas. Los trabajadores de la construcción civil ayudaron a
la población a levantar adoquines de las calles y los utilizaron para construir
barricadas para defenderse de las cargas policiales. Los manifestantes atacaron
las oficinas de los bancos privatizados y diferentes agencias gubernamentales,
incluso prendieron fuego a algunas. La policía utilizó botes de gas
lacrimógeno para intentar controlar las manifestaciones pero, finalmente, tuvo
que retirarse porque las masas, que se defendían con palos, piedras y botellas,
les repelieron y consiguieron mantener el control de la plaza principal de la
ciudad. Los manifestantes coreaban: “¡Arequipa, revolución! ¡Es urgente, un
nuevo presidente!” También utilizaron las campanas de la catedral que
tradicionalmente se utilizaban para reunir a la población para una revolución
o una insurrección (de las que Arequipa tiene una rica y orgullosa tradición).
Los enfrentamientos continuaron durante todo el fin de semana y más de 100
personas resultaron heridas, otras 52 fueron arrestadas y los daños a la
propiedad según el gobierno alcanzaron los 100 millones de dólares. Un
estudiante murió debido al impacto en su cara de un bote de gas.
El gobierno claramente había perdido el control de la situación. El alcalde de Arequipa llamó a los reservistas del ejército para que se unieran a la lucha. Finalmente, el domingo 16 de junio, Toledo declaró el estado de emergencia en Arequipa durante un mes, suspendió las libertades constitucionales, declaró el toque de queda y puso la región bajo el control del ejército. Unos 700 soldados y 1.000 policías intentaron conseguir de nuevo el control de la ciudad.
El mismo domingo los choques se extendieron al aeropuerto. Un grupo formado por cientos de trabajadores, campesinos y estudiantes a los que se unió un grupo de vecinos de los barrios jóvenes (barrios pobres) de la zona se dirigió al aeropuerto donde destruyeron las balizas luminosas y ocuparon la pista de aterrizaje. Al ejército le costó tres horas de enfrentamientos conseguir el control de las instalaciones.
La declaración del estado de emergencia, lejos de poner la situación bajo control, añadió más leña al fuego. El lunes, el Frente Amplio Cívico de Arequipa declaró una huelga general indefinida y las protestas se extendieron a las regiones vecinas de Tacna, Cusco, Puna y Moquegua. A través de sus organizaciones, la mayoría de estas provincias decidieron no reconocer la autoridad del presidente Toledo. En todas partes los diferentes Frentes que se habían formado para luchar contra la privatización tomaron la dirección de las protestas y convocaron una huelga indefinida. Estos Frentes (el Frente Amplio Cívico de Arequipa, el Frente Patriótico de Tacna, el Frente de Defensa de los Intereses Regionales de Ayacucho, el Frente Regional de Moquegua, el Frente de Organizaciones Populares de Puno, etc.,) están formados por organizaciones y secciones sindicales regionales y locales, organizaciones de estudiantes, campesinas, de mujeres, etc., aunque su composición varía de lugar en lugar, en algunas provincias incluyen las cámaras de comercio locales y los alcaldes (que en la mayoría de ciudades y pueblos se pusieron en huelga de hambre) y en otras tienen una composición más estrictamente obrera y campesina.
En Cusco por ejemplo, las protestas fueron en gran parte pacíficas. ¡Aquí los dirigentes de las protestas parecían tener más miedo de los manifestantes que del gobierno! Washington Román Rojas, un dirigente del Frente de Cusco declaró que mantendrían las conversaciones con los representantes del gobierno “para evitar que las protestas se fueran de la mano”. Además añadió: “no es fácil controlar a la base en lugares donde las organizaciones todavía no son muy fuertes. Este no es el caso de Cusco, donde no se está produciendo violencia alguna por que tenemos una estructura sólida y estamos todos juntos: el frente, los alcaldes, la cámara de comercio”, etc., Mientras que los trabajadores, campesinos, estudiantes y jóvenes estaban luchando contra la policía y resistiendo la ocupación militar de sus ciudades, Román estaba en el edificio del Congreso suplicando que “suspendieran el proceso de privatización si querían calmar a la población”. En cada huelga y en cada lucha los dirigentes son puestos a prueba, y cuando ha pasado el tiempo suficiente, las masas, que aprenden de su propia experiencia, siempre sustituyen a aquellos que son más propensos a hacer compromisos y concesiones, por otros de más confianza, más sensibles a la presión desde abajo, y que están más decididos a llevar a cabo la voluntad del pueblo en lucha.
En
Tacna, miles de personas marcharon por el centro de la ciudad armadas con palos
y piedras, y a su paso atacaron los edificios de la administración pública. La
policía fue incapaz de controlar la situación, a pesar de utilizar una gran
cantidad de botes de gas lacrimógeno. También en Tacna, grupos de campesinos
bloquearon la principal autopista: la Panamericana Sur.
La huelga general también fue un éxito en Juliaca y Puno, dónde manifestaciones masivas atacaron los edificios públicos y las oficinas de los bancos y empresas privatizadas. Merece la pena observar que el saqueo no fue indiscriminado, en primer lugar, fue el resultado de la furia ante la brutal agresión contra la población de Arequipa y, en segundo lugar, iba dirigido contra las oficinas de las empresas y bancos privatizados (que fueron vendidos durante el gobierno de Fujimori, principalmente a multinacionales españolas). La participación de las mujeres, que estaban en la primera línea de frente en las barricadas en Arequipa, y los jóvenes de los barrios pobres, era algo destacado en todas partes.
En Arequipa los choques continuaron a pesar del estado de emergencia y el toque de queda. La población salía a las calles en masa tres veces al día en una cacerolada. El dirigente del Frente Amplio Cívico, Leonardo Maquera, anunció que una asamblea de masas del Frente había decidido “continuar la resistencia y no permitir a los nuevos propietarios el acceso a las empresas privatizadas”. El Frente también convocó a la población a que “se organizara en comités de lucha en cada barrio, distrito y provincia, para participar en la huelga indefinida”.
El conflicto adoptó claramente las mismas características de la insurrección contra la privatización del agua de Cochabamba (Bolivia) en abril de 2000. La formación de comités de lucha, el no-reconocimiento de las autoridades nacionales, asambleas de masas para decidir el rumbo de la lucha, choques con la policía y el ejército donde la población consiguió temporalmente repeler a las fuerzas del estado, la extensión del movimiento a otras regiones, etc., Todos estos son síntomas del rápido proceso de avance de la conciencia de las masas en períodos de lucha.
El gobierno intentó de nuevo convencer a la población de las bondades del proceso de privatización. Decían que no eran privatizaciones como las de Fujimori, sino que se trataba de “privatizaciones con rostro humano”. El presidente del Consejo Ministerial Dañino, intentó explicar que Tractebel había prometido mantener todos los puestos de trabajo, invertir 90 millones de dólares para proporcionar acceso a la electricidad a 60.000 personas de Arequipa y generar al menos 2.700 empleos a través de un programa de irrigación de la tierra. A la población del sur de Perú todas estas promesas le fueron indiferentes, sobre todo porque el portavoz de Tractebel declaró que ellos no habían prometido nada.
El miércoles 19 de junio el gobierno, incapaz de sofocar el movimiento, envió una comisión de alto nivel a Arequipa para negociar, pero su autobús fue recibido por la población con un lanzamiento de piedras. En Cusco 10.000 estudiantes se manifestaron para protestar por la muerte de uno de sus compañeros en los choques en Arequipa, y ocuparon varias facultades. El estudiante que murió, el primer mártir del movimiento, Edgar Adolfo Pinto Quintanilla, fue enterrado en Arequipa después de una impresionante procesión funeraria a la que asistieron miles de personar, a pesar del estado de emergencia. En Tacna, el mismo día, miles de trabajadores y campesinos se enfrentaron a la policía cuando intentaban ocupar el aeropuerto. La huelga general fue unánime en las regiones del sur, paralizando el transporte, la educación, las tiendas y la industria.
En realidad, el movimiento adquirió un carácter más amplio. La lucha ya no era para frenar la privatización de Egasa y Egasur, también para dar marcha atrás en la privatización de Etecen y Etesur, para exigir fondos extras para la reconstrucción de Maquegua (seriamente dañada durante el último terremoto) y una oposición general a la política económica del gobierno.
Las promesas vacías de la campaña de Toledo
Durante
las protestas, el embajador estadounidense en Perú, John Hamilton, dio la
bienvenida a la decisión de seguir con sus planes de privatización a pesar de
la oposición popular: “Lo que buscan los inversores extranjeros es un
gobierno fuerte, con una política firme y capaz de aguantar”. Está claro que
estas privatizaciones eran una parte clave de la política del gobierno. En la
carta de intención firmada con el FMI, el propio Toledo se ponía el objetivo
de conseguir este año 700 millones de dólares de las privatizaciones. El
principal objetivo era reducir el déficit público al 1,9 por ciento del PIB y
conseguir pagar todas sus obligaciones de la deuda externa.
El problema al que se enfrenta es que fue elegido con un programa de promesas populistas de poner en primer lugar los intereses de los pobres y a no privatizar ninguna empresa pública. Toledo llegó al poder a raíz de un movimiento popular de masas que derrocó a Fujimori a finales del año 2000. Las masas no sólo lucharon contra Fujimori porque era un dictador, también lucharon contra su política económica que había hundido al país en la recesión, privatizado una gran parte de los bienes del estado y había extendido la pobreza por todo el país. Para ganar las elecciones hace casi un año, Toledo utilizó sus raíces indígenas y sus orígenes familiares pobres para apelar a las masas de trabajadores, campesinos y pobres. Sin embargo, ya hace mucho tiempo que dejó atrás sus orígenes. Estudió en Harvard, es un antiguo funcionario del Banco Mundial y está firmemente comprometido con la política capitalista. Sólo era cuestión de tiempo que el mismo movimiento de masas que provocó su llegada al poder se volviera contra él. Es un hecho que este movimiento es más fuerte precisamente en aquellas zonas donde Toledo consiguió mayor porcentaje de votos, e incluso muchos de los alcaldes ahora en huelga de hambre pertenecen a su propio partido.
De hecho la revuelta del sur peruano de la última semana es sólo la culminación de un proceso de huelgas, manifestaciones y protestas de masas que se vienen sucediendo desde el pasado mes de septiembre, apenas dos meses después de su llegada a la presidencia. Fuentes policiales dicen que han registrado 500 protestas en el último período. El movimiento alcanzó su punto álgido el 14 de mayo, cuando los frentes regionales y las organizaciones sindicales convocaron una huelga nacional con el apoyo de la Confederación General de Trabajadores de Perú (CGTP).
El gobierno derrotado
Finalmente, enfrentado a la extensión de la rebelión, que no fue capaz de controlar con la represión, y con la amenaza de una huelga general nacional por parte de la Coordinadora Nacional de Frentes Regionales con el apoyo de la CGTP, el gobierno se hundió el jueves 20 de junio. La Declaración de Arequipa, firmada con los dirigentes del Frente de Arequipa, incluía la suspensión de la privatización de Egasa y Egasur, una disculpa pública por parte de los ministros de justicia e interior que habían sido los más beligerantes en sus declaraciones y acciones contra el movimiento, y la suspensión del estado de emergencia en 48 horas.
Esto fue demasiado para los sectores más derechistas del gobierno y precipitó la dimisión del ministro de interior, Fernando Rospigliosi (que prefirió dimitir antes que pedir disculpas a la población de Arequipa), del ministro de justicia, Pedro Caterino, y del presidente de la agencia de privatización del gobierno -ProInversión-, Ricardo Vega (aunque más tarde dio marcha atrás en su decisión y permanece en el cargo). Algunos rumores decían que incluso el jefe del Consejo de Ministros, Dañino, también iba a dimitir.
La realidad es que esto ha representado un serio revés para el gobierno Toledo. Su popularidad (que hace unos meses superaba el 60 por ciento) ahora está en el 15 por ciento. Los inversores extranjeros van a ser mucho más cautelosos a la hora de invertir en el proceso de privatizaciones de Perú, por si las protestas populares obligan al gobierno a dar marcha atrás. La moneda del país se hundió y el Índice de Bonos Emergentes JP Morgan ha aumentado la clasificación de riesgo del país debido a la derrota del gobierno.
Pero aquí no terminan sus problemas. El gobierno ya ha anunciado la introducción de un plan de austeridad de recortes en el gasto social “para conseguir lo perdido con la marcha atrás de la privatización de Egasa y Egasur”. El ministro de economía, Pedro Pablo Kuczynski, ha declarado que los planes económicos del gobierno no cambiarán y que las privatizaciones continuarán. Claramente se trata de una receta acabada para nuevas explosiones.
En realidad, esta victoria ha animado el movimiento en otras regiones. En el mismo Arequipa la victoria se celebró con un mitin de masas al que asistieron 20.000 personas en la principal plaza de la ciudad, el ambiente en el que se desarrolló parecía de carnaval, a pesar de que el estado de emergencia todavía estaba en vigor. Sin embargo, en Cusco, la marcha de victoria fue cancelada por la Asamblea Regional y el dirigente del Frente, Washington Roma, temían que “terceros partidos quisieran aprovechar la marcha de protesta para lanzar una nueva huelga indefinida”. Algunas organizaciones y partidos criticaron a Roma y al alcalde de Cusco, Carlos Valencia, de claudicar por “echar atrás esta lucha sin haber conseguido la suspensión definitiva de todas las privatizaciones”.
En Puno y Juliaca el ambiente también era muy combativo, allí las organizaciones de base dieron al gobierno seis días para dar una respuesta satisfactoria a todas sus demandas, incluida la cancelación de la privatización de Etecen y Etesur, y el cumplimiento de sus promesas electorales. Esto se acordó en los mítines que tuvieron lugar al final de las manifestaciones de masas que se celebraron en las dos ciudades. En Puno, el dirigente del Frente de Organizaciones Populares, Toribio Saravia, pidió a los trabajadores que estuvieran alerta ya que: “lo ocurrido en Arequipa no significa el final de la privatización de San Gabán, Electro Puno, el aeropuerto de Juliaca, las minas de San Antonio de Poto y otras empresas estratégicas de Puno”.
En Tacna, las organizaciones implicadas discutieron la continuación de la huelga indefinida. El ambiente general era que hasta que no llegara a Tacna una delegación del gobierno de alto nivel, formada al menos por cuatro ministros, para discutir sus reivindicaciones, no desconvocarían la huelga. El Frente de Defensa de los Intereses de Moquegua, formado por organizaciones sindicales locales, también consideró la Declaración de Arequipa insuficiente para poner fin al movimiento en su región y continuó con la huelga. En una manifestación de 5.000 personas también se exigió al gobierno que enviara una comisión de alto nivel para discutir sus demandas, particularmente la ayuda para la reconstrucción prometida por Toledo durante su campaña electoral.
Con alzas y bajas está claro que el movimiento contra el gobierno de Toledo continuará, en el proceso, los trabajadores y campesinos pobres cada vez sacarán conclusiones más avanzadas. Se darán cuenta de que el problema no es el gobierno sino el propio sistema capitalista y la enorme presión que el imperialismo ejerce sobre su país. A través de la escuela de la acción directa de masas ya han aprendido que pueden derrocar una dictadura, que pueden contener el estado de emergencia y obligar al gobierno a dar marcha atrás en una decisión clave. Esto les dará más confianza para futuras batallas. Ahora la tarea clave para los activistas sindicales y de izquierdas en Perú es la creación de una dirección con una comprensión clara de los desafíos a los que se enfrentan, particularmente la necesidad de vincular la lucha contra la privatización, contra la pobreza, la defensa de los empleos y las condiciones laborales, con la lucha por la transformación socialista de la sociedad.
Este proceso no está ocurriendo en el vacío, sino en un período en el cual la lucha de masas de la clase obrera y el campesino está avanzando en toda América Latina: El movimiento revolucionario en Argentina, el reciente movimiento de masas que también ha derrotado la privatización en Paraguay, el movimiento revolucionario que derrotó el golpe en Venezuela, las luchas de masas en Bolivia, las huelgas generales en Uruguay, etc., El contagio argentino no sólo significa la extensión de la crisis económica a través del continente, también significa la extensión de los métodos revolucionarios de la lucha de masas.
Todos estos acontecimientos son ricos en lecciones de las cuales los sectores avanzados de los trabajadores y jóvenes deben extraer las conclusiones necesarias: sólo con la lucha combinada contra la opresión imperialista y la burguesía nacional, las masas oprimidas del continente pueden realmente conseguir su auténtica liberación en el marco de una Federación Socialista de América Latina.
24 de junio, 2002
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