Brasil: conversaciones filtradas revelan un complot judicial contra Lula

El domingo 9 de junio, el sitio web Intercept Brasil publicó varias correspondencias entre el ex juez Sergio Moro, y los fiscales de la trama de corrupción Lava Jato ("Lava coches"), encabezados por el abogado del Ministerio Público de Brasil, Deltan Dallagnol. El caso de corrupción de la Operación Lava Jato llevó al arresto y encarcelamiento del (entre otros) ex presidente del PT Luiz Inácio Lula da Silva ("Lula"), quien fue condenado sin pruebas. Estas correspondencias revelan los objetivos políticos detrás de esta operación, que incluyeron acciones para organizar el fraude en las elecciones de 2018.

[FUENTE ORIGINAL]

Esquerda Marxista presentó su análisis del caso Lava Jato hace unos años. En un artículo de julio de 2016 dijimos lo siguiente:

La operación Lava Jato apunta a una 'Limpieza General'

“Como lo explicó Esquerda Marxista anteriormente, lo que está sucediendo en Brasil se deriva de la necesidad de la burguesía de desmoralizar a las organizaciones obreras y de izquierda. También es un intento de promover una limpieza general de la cúpula del sistema político burgués para salvar sus instituciones y destruir la capacidad de resistencia de la clase obrera.

(…)

“El poder judicial asumió el papel de árbitro supremo de las disputas políticas entre facciones burguesas y entre las clases, además de tener el control general de las instituciones políticas burguesas. Es un poder judicial bonapartista que pretende gobernar fuera de la ley e imponer, bajo el pretexto de la legalidad, los intereses generales de la burguesía y del capital, a toda costa. ('Los objetivos últimos de Lava Jato en Brasil, de Manos Limpias en Italia, y sus consecuencias', publicado el 27 de julio de 2016).

El objetivo de una "limpieza general", de deshacerse de los líderes políticos de diferentes partidos para salvar a las instituciones burguesas de la desmoralización y la ira popular, es evidente en uno de los mensajes de Moro a Dallagnol el 13 de marzo de 2016, publicado por The Intercept:

"Sigo desconfiando mucho de nuestra capacidad institucional para limpiar el Congreso. Lo mejor sería que el Congreso se autorregule, pero esto no está sobre la mesa ¡Y no sé si la Corte Suprema tiene la fuerza suficiente para procesar y condenar a tanta gente poderosa!"

Para desarrollar esta operación de limpieza, ante la quiebra de los partidos burgueses, que son incapaces de presentar un candidato "del sistema" con la posibilidad de ganar la carrera presidencial, estafaron políticamente las elecciones, lo que impidió que Lula fuera candidato.

El Estado defiende los intereses burgueses

La burguesía no quería que el PT volviera al poder. El partido ya no era útil, e incapaz de controlar la revuelta de masas, como se mostró en junio de 2013. Además, el PT demostró ser incapaz de organizar la aprobación de medidas para proteger los intereses de la clase dominante (reforma laboral, límites de gasto público, reforma de la seguridad social, etc.) Es por eso que comenzaron una operación burguesa para que Lula, quien iba primero en las encuestas, no fuera candidato.

Y luego de consolidar el canje de Lula por Haddad [el sucesor de Lula en la carrera presidencial por el PT], la indignación se extendió en el intercambio de mensajes en el grupo de fiscales de Lava Jato después de la publicación de la entrevista de Lula en La Folha de São Paulo. La abogada Laura Tessler escribe: "No estoy segura ... pero una entrevista antes de la segunda ronda podría hacer que Haddad sea elegido". Esperaban posponer la entrevista hasta después de la elección, o convertirla en una conferencia de prensa, en lugar de una entrevista exclusiva, buscando disminuir su impacto electoral. Al final, Luiz Fux, el presidente de la Corte Suprema durante aquel periodo, decidió impedir la entrevista de Lula.

Para lograr sus objetivos políticos, el poder judicial recurrió a maniobras a través de los medios de comunicación y pisoteó los principios mismos de la legalidad burguesa, como la presunción de inocencia y la necesidad de pruebas para una condena. Vale la pena recordar que, en la denuncia contra Lula, los propios fiscales dijeron que no tenían pruebas de que fuera el propietario de un apartamento de lujo en Guarujá, supuestamente obtenido mediante corrupción, pero que de todos modos estaban seguros de esto.

Bajo la ley burguesa, el juez no puede aconsejar a ninguna de las partes (defensa o acusación), manteniendo la imparcialidad. Lo que queda claro de los mensajes revelados es que Moro ayudó a la fiscalía, acusó a los investigadores, decidió la sentencia por adelantado y, por lo tanto, actuó como investigador e inquisidor de los acusados.

La política de colaboración de clases llevada a cabo por Lula y el PT no los salvó del odio de la clase dominante. Nosotros siempre nos posicionamos contra el enjuiciamiento, condena y encarcelamiento político de Lula por el fraude legal de Lava Jato, coordinado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Esta reciente divulgación de intercambios de mensajes que involucran a las figuras clave de la operación de Lava Jato plantea la cuestión de la necesidad de anularla, bajo los criterios propios de la legalidad burguesa.

El caso también muestra que el Estado y todas sus instituciones (ejecutivas, legislativas y judiciales) no son neutrales. Como Marx y Engels ya afirmaron en el Manifiesto Comunista, el Estado no es más que un "comité para gestionar los asuntos de la burguesía".

La Corte Suprema demostró esto una vez más en una decisión reciente que permite la privatización de las subsidiarias de compañías estatales y mixtas sin la necesidad de la aprobación del Congreso Nacional, lo que facilita el avance del programa ultraliberal de Bolsonaro y Paulo Guedes. A pesar de los conflictos dentro de la clase burguesa y dentro del propio gobierno, todas las facciones de la burguesía están unidas y luchan por la aprobación del proyecto de ley de reforma de pensiones en el primer semestre.

La tarea inmediata de la clase obrera y la juventud es organizar la huelga general del 14 de junio, movilizándose en cada lugar de estudio y trabajo para que el país se pare y las calles sean controladas por grandes movilizaciones. Ya hemos visto el 15 y 30 de mayo que esto es posible. Además, es necesario construir una huelga general para detener la reforma de la seguridad social y derribar al gobierno de Bolsonaro. Solo la acción de las masas puede garantizar la victoria contra el aparato de la burguesía, que es utilizado como instrumento para mantener el régimen de opresión y explotación de la mayoría de la población.