Las masas pasan a la ofensiva
El
martes 16 de enero se celebró en Cochabamba un cabildo abierto
(asamblea popular) de masas, es la tercera ciudad más grande de
Bolivia, en el que se decidió destituir al prefecto (gobernador
regional) y obligaba a los consejeros departamentales a instalar una
prefectura popular. Al hacer esto las masas, que desde principios de
años estado en las calles, han pasado por encima de las cabezas de los
dirigentes del MAS alejados de la mayoría de las organizaciones
campesinas y sindicales, y han actuado directamente contra el consejo
del gobierno del MAS que recomendaba calma, negociación y mantener todo
dentro del marco legal.
Este el punto más álgido de una movimiento de masas que se ha
desarrollado para conseguir la dimisión de los prefectos de La Paz y
Cochabamba que se han estado al lado de los prefectos de la oposición
de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija (la media lucha de Bolivia) en su
lucha por la autonomía del gobierno nacional del MAS y para defender su
derecho a veto en la Asamblea Constituyente.
Un año después de la elección de Evo Morales (quien juró como
presidente el 22 de enero de 2006), los recientes acontecimientos de
Cochabamba y La Paz resumen las contradicciones a las que se enfrenta
su gobierno. Morales fue elegido con una masiva mayoría producto de un
largo período de lucha revolucionaria de los trabajadores y los
campesinos, que se remontaba al año 2000. Este aumento del movimiento
de masas ha planteado al menos en dos ocasiones la cuestión del poder:
el Octubre Rojo de 2003 cuando el movimiento derrocó al odiado
campesino Goñi Sánchez de Lozada; y el movimiento de mayo-junio de 2005
que derrocó a Carlos Mesa e impidió que la oligarquía impusiera a Vaca
Díez en su lugar. Pero en el momento crucial, los dirigentes del
movimiento no supieron qué hacer y la cuestión del poder no se resolvió
a favor de los trabajadores. Esto permitió que todo el movimiento fuera
canalizado hacia la política parlamentaria y se expresó en el voto de
masas a Evo Morales en diciembre de 2005.
La forma en la que Morales y el MAS llegaron al poder creó una
relación peculiar entre el movimiento de masas de los trabajadores y
campesinos con el gobierno. Por un lado, el apoyo a Morales fue
aplastante (más del 53 por ciento en todo el país), particularmente en
aquellas zonas que habían sido el centro de la lucha revolucionaria en
los años precedentes (más del 70 por ciento en zonas de El Alto, 66 por
ciento en La Paz y un 64 por ciento en Cochabamba). Pero al mismo
tiempo este apoyo estaba vinculado a las reivindicaciones del
movimiento, no era simplemente un voto a Evo Morales, sino un voto a
Evo como representante de las reivindicaciones del movimiento, la
llamada Agenda Octubre, que incluía puntos calve como la
nacionalización de los hidrocarburos, la reforma agraria, llevar a
juicio a Goñi Sánchez de Lozada (responsable del asesinato de casi 100
manifestantes) y la convocatoria de una Asamblea Constituyente.
Durante los últimos doce meses el gobierno ha intentado avanzar en
algunos de estos temas mientras también intentaba no molestar demasiado
a la oligarquía y las multinacionales, dando pasos adelante y después
retirándose frente a las amenazas de los capitalistas y terratenientes,
apelando a la movilización de masas pero siempre manteniéndola dentro
del marco de la democracia parlamentaria. Este fue el caso con los
hidrocarburos. El gobierno declaró su nacionalización y envió al
ejército a los campos de gas y petróleo. Aunque esta fue sólo una
medida parcial que no implicaba la expropiación de las multinacionales,
éstas reaccionarios inmediatamente y aplicaron una presión despiadada
sobre Evo y sus ministros (utilizando entre otras palancas el músculo
del poderoso vecino Brasil), así que los detalles de la implantación
del decreto no incluían ninguna adquisición real. Esto finalmente llevó
a la dimisión del ministro Soliz Rada quien dijo que no estaba
preparado a ceder.
El intento del gobierno de aplicar una reforma agraria progresiva
aunque limitada, que sólo afectaría a los “latifundios improductivos”,
y el principio de la distribución de alguna de la tierra propiedad del
estado, provocó una respuesta furiosa por parte de la oligarquía
terrateniente (principalmente basada en los departamentos de la media
luna del “creciente” y con su feudo político en Santa Cruz), que hizo
llamamientos abiertos y públicos a la creación de guardas blancas
armadas para defender la propiedad privada de la tierra. La Unión
Juvenil Cruceña se ha convertido en el ala fascista paramilitar de la
oligarquía, realizando atacas e intimidaciones contra los activistas
campesinos, sindicales y del MAS en esta región.
Con relación a la Asamblea Constituyente, el vicepresidente García
Linera (el principal defensor dentro del gobierno de la idea del
capitalismo andino) llegó a un acuerdo con la oposición para aplacarla.
El acuerdo pretendía que la oposición limitara sus demandas de
autonomía (una reivindicación totalmente reaccionaria que básicamente
significa su derecho a no obedecer las leyes del gobierno nacional
elegido democráticamente y mantener el control sobre los recursos
naturales, concentrados en los departamentos donde ellos tienen
mayoría) y a cabio tendría de facto derecho a veto en la Asamblea
Constituyente, imponiendo una mayoría de voto de 2/3 para aprobar
cualquier decisión. Lo que ocurrió fue que aunque el MAS una vez más
consiguió una mayoría superior al 50 por ciento en la asamblea, no
tenía los 2/3 necesarios para tomar decisiones.
En un intento de romper este punto muerto, a finales de agosto de
2006, los sectores del MAS más vinculados con las organizaciones
campesinas, encabezados por Ramón Loayza, antiguo dirigente del
sindicato campesino CSUTCB y portavoz del grupo del MAS en la Asamblea
Constituyente, aprobó una seria de medidas que permitiría la votación
de una nueva constitución por una mayoría del 50 por ciento más uno.
Esto provocó enfrentamientos físicos en la Asamblea Constituyente y su
boicot por parte de los representantes de la oligarquía. El gobierno
del MAS apeló a las movilizaciones de masas, pero estas no eran parte
de un plan general, sino que eran más como la apertura y cierre de la
tapa de la movilización desde arriba.
Todas estas vacilaciones del gobierno animaron a la derecha y
sembraron confusión entre las masas que apoyan al gobierno. La
oligarquía fue capaz de recuperar el terreno perdido y pasó a la
ofensiva. Lanzaron una campaña de movilizaciones de masas en Santa Cruz
y otros departamentos del “creciente”, utilizando demagógicamente la
bandera de la “autonomía” y azuzando una campaña reaccionaria contra el
“indígena comunista Evo”, la “interferencia de Cuba y Venezuela”, etc.,
de la misma manera en que la oligarquía de Venezuela movilizó a las
masas de las clases medias en la preparación del golpe de abril de 2002
y en el cierre patronal de diciembre de 2002. En Santa Cruz activistas
sindicales y campesinos que intentaron resistir y organizar
contra-movilizaciones se encontraron con una dura represión por parte
de la policía y las bandas paramilitares. Esta campaña incluía
“huelgas” (en realidad cierres patronales) e incluso una “huelga de
hambre” por parte de los dirigentes de los “Comités Cívicos” de estas
regiones en La Paz en el mes de diciembre.
Como respuesta el MAS movilizó a las organizaciones campesinas y
sindicales en manifestaciones contra los prefectos de estos
departamentos, y particularmente contra los prefectos de Cochabamba y
La Paz, que se declararon abiertamente a favor de la “autonomía” y se
pusieron al lado de la oligarquía. Esto enfureció a las masas de estos
dos departamentos que habían votado abrumadoramente a Morales. El
gobierno del MAS vio estas movilizaciones como una forma de conseguir
una posición más fuerte en la mesa de negociación. Una vez más,
intentando mantener dentro de los estrechos límites de la democracia
parlamentaria, Evo Morales anunció la aprobación de una nueva ley que
proporcionaría derecho a un referendo revocatorio a todos los niveles
(desde los concejales al presidente, incluidos los prefectos). Esto fue
un intento de dar una solución constitucional al punto muerto.
Pero la situación en Cochabamba se precipitó el 8 de enero con
decenas de miles de personas, trabajadores, campesinos, sindicalistas,
estudiantes, que habían estado sitiando la ciudad exigiendo la dimisión
del odiado prefecto Reyes Villa, se encontraron con la dura represión
por parte de la policía y las bandas paramilitares. Dos campesinos
cocaleros fueron asesinados y docenas resultaron heridos. Esto enojó a
las masas aún más y llegó a la quema parcial del edificio de la
Prefectura. Este fue un punto de inflexión ya que para las masas ya no
era cuestión de presionar a Reyes Villa y esperar un referéndum
revocatorio en el futuro; ellas querían librarse de él en el acto. “Los
dirigentes han sido superados y han perdido el control de las bases”,
decía el viceministro Alfredo Rada, que pertenece al ala moderada del
MAS.
Después de más represión el 11 de enero, el 12 se celebró un nuevo
cabildo abierto masivo convocado por el Sindicato de Trabajadores
Departamentales (COD) que incluía a organizaciones obreras y
campesinas. El ambiente era de mucha rabia y decenas de miles de
trabajadores y campesinos, armados palos y piedras gritaban: “El pueblo
unido jamás será vencido”. Uno de los dirigentes del COD prometió que
“frente a los asesinatos responderemos con ‘justicia comunitaria’”, y
uno de los líderes cocaleros exigió que Reyes Villa “fuera colgado como
Sadám Hussein”.
La voluntad de las masas era clara, se manifestaron cada día y
asistieron a mítines masivos exigiendo el derrocamiento de Reyes Vila y
que fuera llevado a juicio. Reyes Villa huyó a Santa Cruz temiendo por
su vida. El objetivo del gobierno era diferente. García Linera repitió
por todo el movimiento que Reyes Villa había sido elegido por votación
popular y esto debía ser respetado. Evo Morales pidió “a los
movimientos sociales que fueran vengativos” y que “respetaran la vida
humana y buscaran soluciones dentro del marco de la democracia”.
En esta situación realmente caldeada se convocó un nuevo cabildo
abierto el martes 16. Todo el mundo esperaba que la reunión tomara la
decisión del derrocamiento de reyes Villa y le sustituyera con un nuevo
prefecto. Esta fue la razón por la cual la reunión se había convocado y
la gente ya estaba cansada de manifestarse cada día sin que llegara una
solución. Miles de los presentes en estos cabildos son cocaleros que
viajaron desde millas de distancia y habían estado durmiendo durante
días en unas condiciones precarias en los locales sindicales y en las
plazas de Cochabamba. Pero los líderes de algunas organizaciones
campesinas y sindicales, alineadas con la dirección del MAS, no estaban
dispuestos a romper con la “legalidad democrática” e intentaron que la
reunión aprobara una resolución vaga que simplemente decía que Reyes
Villa ya no era el prefecto pero que se debería buscar una solución
constitucional.
Las masas emprendieron la acción directa, ocuparon el lugar donde
se reunía el Consejo Departamental (con mayoría del MAS) y obligaron a
los concejales departamentales a nombrar una nueva Prefectura popular
encabezada por Tiburcio Herradas. El Concejal Departamental de
Cochabamba, Díaz Estrada, describió los acontecimientos de esta manera:
“Fuimos atacados y obligados a convocar una sesión para elegir un nuevo
prefecto. Los concejales explicaron que esto era ilegal, pero había
amenazas de linchamiento y nos vimos obligados a poner al nuevo
prefecto”. Se estableció un nuevo gobierno departamental formado por
delegados de 15 organizaciones. Como resultado de esta decisión los
dirigentes de algunas organizaciones cocaleras hicieron un llamamiento
a sus filas para que abandonaran la plaza.
Incluso hoy, no está muy claro cuál es la situación real en
Cochabamba. El gobierno del MAS, principalmente a través del
vicepresidente García Linera, ha salido claramente en contra de la
decisión de proclamar un nuevo “prefecto popular”. En una conferencia
de prensa le pidió a los medios de comunicación que “comprendan que una
cosa es un cabildo de entre 80.000 y 100.000 personas, y otra es la
firme decisión del Poder Ejecutivo de reconocer la legalidad de las
autoridades elegidas democráticamente”. Insistió en que Reyes Villa aún
era el prefecto de Cochabamba (incluso aunque él no está ni siquiera en
el Departamento) e hizo un llamamiento al prefecto y las organizaciones
sociales para que “se sentaran alrededor de la mesa y acercaran sus
posiciones mediante el diálogo”.
Mientras tanto, se ha estado desarrollando un movimiento similar
en El Alto y en La Paz contra el prefecto de La Paz, José Luis Paredes,
que también se ha puesto al lado de la oligarquía y contra el gobierno,
y este movimiento también es en apoyo de la lucha de Cochabamba. El 15
de enero la Central Obrera Regional (COR), la Federación de Juntas
Vecinales de El Alto y otras organizaciones obreras, campesinas y
cocaleras convocaron un cabildo de masas que aprobó una resolución de
seis puntos que merece la pena reproducir aquí en su totalidad:
“Resoluciones de la reunión abierta convocada por la Federación de
Juntas Vecinales de El Alto (FEJUVE) y la Central Obrera Regional de El
Alto (COR-El Alto) celebrada en El Alto, 15 de enero de 2007:
1. Nosotros, el pueblo de El Alto, declaramos estar en una guerra
a muerte hasta que consigamos la dimisión de los prefectos neoliberales
y asesinos de masas, Manfred Reyes Villa y José Luis Paredes. Al mismo
tiempo, apoyamos incondicionalmente a los cocaleros y campesinos de
Cochabamba que han sido reprimidos violentamente.
2. Damos un plazo de 48 horas para que el prefecto actual del
departamento de La Paz, José Luis Paredes, dimita voluntariamente de su
puesto, de otra manera le expulsaremos junto con sus colaboradores
mediante presión y otros actos de lucha.
3. La lucha enérgica de los alteños no se detendrá hasta que
derrotemos a todos los prefectos neoliberales y su aparato represor y
fascista, como los comités cívicos, las uniones juveniles y los
prefectos de la “media luna”. [creciente].
4. El pueblo de El Alto se declara a favor de la lucha sin tregua por la unidad de Bolivia.
5. Nosotros, el pueblo de El Alto declara que estamos de pie y
dispuestos a luchar para conseguir la derrota definitiva de la
oligarquía y construir nuestro propio gobierno”.
Después de la declaración del “prefecto popular” en Cochabamba,
las organizaciones de El Alto en una Reunión Ampliada de Representantes
decidieron convocar una “huelga general con movilizaciones” el lunes
22. La resolución de seis puntos incluía la demanda de la dimisión del
prefecto, la ocupación de los edificios de la Prefectura y la
apropiación de la riqueza de Paredes, además de la expulsión de
cualquiera de los dirigentes que traicionen el movimiento. También
pusieron la responsabilidad de cualquier muerte o herido causado
durante la movilización sobre los hombros del prefecto e hicieron un
llamamiento para ocupar los medios de comunicación si mentían o
distorsionaban lo que estaba haciendo el movimiento.
Esta resolución, una vez más, va directamente contra la línea del
gobierno del MAS, con el ministro de movimientos sociales, Alfredo
Rada, apelando directamente a las organizaciones de El Alto a “cambiar
su actitud y buscar una solución legal a sus exigencias”, eso significa
el referendo revocatorio.
Independientemente de cuánto dure este “prefecto popular” y cómo
se resolverá la situación actual en Cochabamba y El Alto, esto refleja
algo muy significativo. El hecho es que, frente a las provocaciones de
la derecha, las masas se han cansado y están comenzando a tomar la
situación en sus propias manos. En este aspecto la política de los
dirigentes del MAS, y particularmente la de García Linera, es criminal,
incluso desde el estrecho punto de vista de la supervivencia del propio
gobierno del MAS. La única manera de responder a las provocaciones
contrarrevolucionarias de la oligarquía es mediante la movilización de
masas de los trabajadores y campesinos que votaron a Evo Morales, y su
entusiasmo revolucionario sólo se puede desatar si ven un gobierno que
está de su parte y que está firme contra la oligarquía y responde a las
justas reivindicaciones de los trabajadores y campesinos. Cualquier
vacilación y compromiso con la oligarquía sólo tendrá el efecto de
sembrar confusión y desilusión en el movimiento de masas, y animará a
la oligarquía para pasar a la ofensiva como demuestra claramente toda
la experiencia de los últimos doce meses.
Como dijimos hace 12 meses (Bolivia después de la victoria
electoral del MAS – Morales no puede servir a dos amos) sólo hay dos
salidas para el gobierno Morales. Uno es basarse en la movilización de
masas y la organización de los trabajadores y campesinos que le
votaron, avanzar decisivamente para poner fin al gobierno de los
capitalistas, los terratenientes y las multinacionales; la otra es
hacer concesiones a la oligarquía, perder el apoyo de la base y ser
destituido de manera violenta. El sueño del capitalismo andino no se
puede conseguir. No hay posibilidad de desarrollar Bolivia dentro del
marco del capitalismo. Esta debería ser la principal conclusión que
debe extraer el movimiento del primer año de gobierno Morales.
La clase dominante es bien consciente de esto. Está armándose
hasta los dientes y están reuniendo apoyo para resistir incluso la más
pequeña de las reformas que el gobierno MAS quiere introducir. Como en
Venezuela, donde la clase dominante organizó un levantamiento militar
contra la introducción de las reformas más moderadas, la única manera
de salvar al gobierno del MAS es a través de la movilización de los
trabajadores y los campesinos en las calles. Estos han demostrado una y
otra vez su disposición a sacrificar todo para conseguir su objetivo,
un gobierno propio que controle los recursos naturales del país.
Como en Venezuela, la única alternativa es el socialismo y esto
sólo se puede basar en la iniciativa revolucionaria y la organización
de las masas. Los acontecimientos de octubre de 2003 y mayo-junio de
2005 demostraron claramente que las fuerzas movilizadas de los
trabajadores y campesinos puede quebrar la voluntad de la oligarquía.
Las apuestas están muy altas. No hay margen para la vacilación.
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